MINISTROS Y ALTOS CARGOS DESVELAN

LA REALIDAD DE
“EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA”

Soria, 4 de diciembre de 2008.

Hasta ahora el Gobierno de Rodríguez Zapatero (y en general los dirigentes socialistas) habían asegurado que el conjunto de asignaturas denominadas Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos (EpC) solamente enseñaban Constitución Española y Derechos Humanos. Sin embargo constantemente se están produciendo declaraciones de los responsables de su implantación que no hacen sino desvelar la realidad de lo que supone EpC: una plataforma privilegiada para introducir en la escuela, de manera obligatoria y evaluable, cualquier ideología y cualquier contenido que el gobierno de turno quiera imponer como MORAL DE ESTADO OBLIGATORIA, para todos nuestros hijos entre 10 y 17 años, sin que la inmensa mayoría de los padres sean conscientes de este adoctrinamiento.

Concretamente, en los últimos días, coincidiendo con el alarmante número de abortos entre jóvenes y adolescentes, varios ministros y altos cargos socialistas han desvelado esta realidad. En resumen, éstas han sido sus declaraciones:

· Bernat Soria, ministro de Sanidad, en Alicante (10-11-2008) incidió en la necesidad de trabajar más en el fomento de la educación sexual y reproductiva (para poder reducir la tasa de abortos), algo que se puede hacer desde la asignatura Educación para la Ciudadanía.

· José Martínez Olmos, Secretario General del Ministerio de Sanidad ha afirmado (2-12-2008) que EpC puede servir para concienciar a los jóvenes de la necesidad de utilizar métodos anticonceptivos.

· Carmen Montón, portavoz del Grupo Socialista de Igualdad en el Congreso de Diputados, ha declarado (3-12-2008) que no entiende que se vaya en contra de una asignatura como Educación para la Ciudadanía, que tiene capítulos enteros hablando de sexualidad, sexo seguro y responsable.

· Mireia Pilar Ruiz, secretaria general de las Juventudes Socialistas de Archena (Murcia) ha asegurado que la asignatura Educación para la Ciudadanía incluye módulos de educación sexual, contenidos que se empeñan en calificar de adoctrinamiento moral.

· Mercedes Cabrera, ministra de Educación, Política Social y Deporte, ha recordado (3-12-2008) que hay que formar ciudadanos que conozcan sus derechos y obligaciones y la educación respecto al aborto es un objetivo esencial.

Para María Luisa Pérez Toribio, de SORIA EDUCA EN LIBERTAD, las declaraciones citadas revelan la realidad de EpC. “Una vez que se ha conseguido la imposición de EpC engañando a los padres sobre sus contenidos, la realidad refleja que se trata de lo que miles de padres venimos denunciando durante tanto tiempo: una puerta abierta en la escuela para hacer llegar a nuestros hijos, entre 10 y 17 años, cualquier contenido moral e ideológico que el gobierno pretenda imponer en la sociedad, y además, evaluarles para comprobar que los niños lo hacen suyo, puesto que “se exige del menor que los incorpore a su comportamiento para siempre”, como ha dicho en TSJ de Castilla y León en los Autos del pasado mes de noviembre. Es una asignatura que permite que el gobierno de turno se convierta en educador moral de nuestros hijos, algo absolutamente inconcebible en un estado democrático.”

“Nuestros hijos deben asumir que las leyes de cada momento se conviertan en sus criterios éticos y morales, configurando una ‘conciencia moral acorde con las sociedades cambiantes en las que vivimos’, tal como se recoge en los Reales Decretos. En ese contexto, el aborto, por ejemplo, es una opción más, perfectamente válida; el supuesto «derecho al aborto» entra a formar parte del programa de este conjunto de asignaturas y los alumnos tienen que aceptarlo como tal derecho, sin más cuestionamientos morales.”

En opinión de la representante de SORIA EDUCA EN LIBERTAD, estas últimas declaraciones, así como otras que se han producido anteriormente, revelan que el diseño actual de EpC es un pretexto para formar nuevos ciudadanos a la medida de la ideología del Gobierno de turno. “Esto explica que ya haya más de 50.000 objeciones de conciencia y que los padres hayamos acudido a los tribunales. La situación es tan grave y hay tanto en juego que los padres tenemos claro que llegaremos, si es necesario, hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para defender a nuestros hijos de este atropello. No obstante, confiamos en que el Tribunal Supremo, a la vista de numerosa jurisprudencia, tanto de tribunales españoles como del propio tribunal de Estrasburgo, reconozca nuestros derechos y acabe con esta situación, impropia del sistema educativo.”

LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN HACE EXTENSIVAS LAS MEDIDAS CAUTELARES A ALUMNOS OBJETORES QUE AÚN NO HABÍAN ACUDIDO A LOS TRIBUNALES

ASÍ SE LO HAN COMUNICADO AYER MARTES, A TRAVÉS DE UNA ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, A ALUMNOS DE SALAMANCA, SEGOVIA Y VALLADOLID.

Soria, 3 de diciembre de 2008.

Al menos cinco alumnos de Castilla y León, concretamente de Salamanca, Segovia y Valladolid, recibieron ayer martes 2 de diciembre una orden de la Consejería de Educación por la que “se adopta la medida provisional de suspensión relativa a la solicitud de objeción de conciencia para cursar la asignatura de Educación para la Ciudadanía”. De esta forma, tal como concluye la orden, resuelve que "queda sin eficacia jurídica la obligatoriedad de cursar, recibir las enseñanzas y ser evaluado de la citada asignatura, sin perjuicio del mantenimiento de las obligaciones de escolarización y custodia que competen a la Junta de Castilla y León".

De esta forma la Consejería de Educación, una vez conocidos los autos del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, ha rectificado su actitud, contraria hasta ahora a adoptar dicha medida a todos los alumnos objetores sin necesidad de acudir al Tribunal.

Las distintas plataformas de Castilla y León, que defienden los derechos de los padres y les prestan apoyo jurídico, junto con otras asociaciones de ámbito nacional, valoran muy positivamente esta medida adoptada por la Consejería. Así se lo habían solicitado en numerosas ocasiones sin obtener, hasta este momento, ninguna respuesta por parte de los responsables de la Junta.

Los portavoces de las distintas plataformas consideran que esta medida es muy importante, además, porque, tal como ya hizo el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, así como otros tribunales del resto de España, en ella se reconoce que lo que se denomina genéricamente Educación para la Ciudadanía engloba distintas asignaturas. Concretamente los alumnos a los que afecta la medida adoptada por la Consejería de Educación están cursando distintas asignaturas: Educación para la Ciudadanía en 2º de E.S.O, Educación Ético-Civica en 4º de E.S.O y Filosofía y Ciudadanía en 1º de Bachilllerato.

La portavoz de Salamanca Educa en Libertad, Lourdes Ruano Espina, y el portavoz de Padres por la Libertad de Valladolid, José Sanz Aguilar, dos de las plataformas a las que pertenecen los alumnos a los que afecta la medida adoptada por la Consejería, consideran que “ésta es una buena noticia para todos, pero particularmente para aquellos padres que se encontraban en situación de indefensión, al no haber podido hacer valer sus Derechos Fundamentales ante los Tribunales de Justicia por inactividad de la Administración”. Dichas Plataformas han declarado, a través de sus portavoces: “lamentamos que haya sido necesaria la interposición de más de 250 recursos judiciales para que la Consejería de Educación haya rectificado su postura, pero reconocemos que esta decisión constituye un avance importante en el reconocimiento y la efectividad de los Derechos Fundamentales.” Recuerda Ruano, no obstante, que “la objeción de conciencia no es una mera solicitud, como se desprende del tenor literal de la resolución, sino la declaración o manifestación del ejercicio del derecho constitucional a la objeción de conciencia.”

El abogado de las Plataformas de Salamanca, Valladolid, Soria y Ávila, Francisco José Ramos Vega, ha valorado positivamente la Orden de 24 de noviembre de 2008 dictada por el Consejero de Educación. El art. 72.1 de la Ley 30/1992 prevé la posibilidad de que el órgano administrativo adopte de oficio las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución "si existen elementos de juicio suficiente para ello". Con base a este precepto el Consejero ha hecho extensiva la medida cautelar adoptada por el TSJ de Castilla y León en más de 47 Autos Judiciales. Manifiesta este letrado que “éste era el momento adecuado para que la Consejería de Educación hubiera mostrado una postura más valiente y, haciendo uso de las competencias que le vienen asignadas en materia educativa, haber resuelto definitivamente las objeciones presentadas, reconociéndolas y asumiendo por tanto la constitucionalidad del derecho de libertad religiosa y del derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones”. Prosigue Ramos Vega que “Del mismo modo, y en los casos en los que se ha interpuesto Recurso Potestativo de Reposición, la Orden dictada el día 24, debería haber resuelto definitivamente dicho Recurso, reconociendo ese derecho a la objeción. Se ha perdido una ocasión de rectificar y de apoyar, no solo a través de los medios de comunicación, a los padres que con tanto esfuerzo y dedicación han tenido que enfrentarse con los poderes públicos en la defensa de sus derechos. No obstante, se trata de una importante noticia y de un gran logro que nos invita a seguir adelante en la defensa de las libertades.” Además, tal como ha añadido, “esperamos que en los próximos días la Junta remita órdenes en el mismo sentido a todos aquellos alumnos que aún se encuentran en situación de indefensión”.

Por su parte, Esther Lázaro Hernanz, abogada de la plataforma Segovia Educa en Libertad, es de la misma opinión: “Los alumnos afectados quedan así formalmente exentos de manera cautelar de cursar, recibir las enseñanzas, y de ser evaluados, sin necesidad de acudir a los tribunales. Las resoluciones de la Consejería de Educación han comenzado a recibirse con fecha del martes día 2, de manera individual a los padres objetores, rectificando su postura inicial. Esta nueva posición es valorada muy positivamente y esperamos que próximamente se de un paso más por parte la Junta de Castilla y León, y se estimen, no sólo las medidas cautelares, sino también las objeciones de forma definitiva.”
Lázaro Hernanz, ha añadido que “con esta resolución, la Junta de Castilla y León se suma a La Rioja, al estimar, por aplicación directa de la Constitución, la medida cautelar consistente en la suspensión de la obligación de que los alumnos sean evaluados del conjunto de asignaturas que conformas educación para la ciudadanía, incluido la asignatura de Filosofía y Ciudadanía”
La abogada de los padres objetores de Segovia ha comentado también que “Con esta importante medida se avanza un paso más en el reconocimiento del derecho a la objeción frente a esta asignatura por la vulneración de los derechos fundamentales recogidos en la Constitución, que esperamos que próximamente se convierta en una estimación plena de la misma.”

A través de esta nota la portavoz de la Plataforma Salamanca Educa en Libertad, Inmaculada López, ha manifestado que “ante esta situación insostenible, con más de 50.000 objeciones de conciencia, cerca de doscientas resoluciones favorables a los objetores (entre autos y sentencias), los padres instamos, una vez más, al Gobierno de la Nación a reconsiderar su postura, al igual que ha hecho la Junta de Castilla y León, y retirar Educación para la Ciudadanía tal como está planteada puesto que vulnera los derechos fundamentales de los padres, responsables de elegir la formación moral de sus hijos, entre otras cosas porque, tal como dice el TSJ de CyL, ‘no sólo implica recibir unos determinados conocimientos, sino que se exige del menor que los incorpore a su comportamiento para siempre’ y establece como criterio de evaluación ‘no sólo una asimilación de contenidos sino un determinado comportamiento.’ Una situación absolutamente intolerable contra la que los padres vamos a luchar hasta el final.”