UNA VEZ CONOCIDO EL FALLO DEL TRIBUNAL SUPREMO,
MILES DE PADRES OBJETORES DE CASTILLA Y LEÓN CONFIRMAN SU DECISIÓN DE DEFENDER SUS DERECHOS FUNDAMENTALES

Soria, 28 de enero de 2009.

El Pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, mediante nota remitida a los medios de comunicación, ha dado a conocer su conclusión en relación con cuatro recursos de casación sobre el derecho a la objeción de conciencia a las asignaturas de Educación para la Ciudadanía (tres de ellos procedentes de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias y otro procedente de la Sala de lo Contencioso de Sevilla). Según este comunicado, “en los casos presentados no existe el derecho a la objeción de conciencia” y así mismo ha establecido que “los Decretos examinados, ambos referentes a la Educación Secundaria, por sí mismos no alcanzan a lesionar el derecho fundamental de los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones».

Ante el comunicado del Tribunal Supremo, y a la espera de conocer el contenido de la sentencia (que aún no se ha hecho público), SORIA EDUCA EN LIBERTAD, en nombre de los padres objetores de esta provincia, quiere hacer constar lo siguiente:

La sentencia dictada por el Tribunal Supremo afecta a los casos concretos que han sido parte en el procedimiento; no tiene efecto en otros casos de objetores protegidos por otros pronunciamientos judiciales (sentencias o autos de medidas cautelares). En Castilla y León seguimos a la espera de que se pronuncie el Tribunal Superior de Justicia, que hasta el momento ha concedido las medidas cautelares a aquellos alumnos que están cursando la asignatura, indicando en dichos autos que “a diferencia de otras asignaturas (…) la superación de esta asignatura no sólo implica recibir unos determinados conocimientos, sino que se exige del menor que los incorpore a su comportamiento para siempre.” y que esta asignatura establece “… como criterio de evaluación no sólo una asimilación de contenidos sino un determinado comportamiento.”
Resulta imposible hacer una valoración de la sentencia del Supremo puesto que aún no se ha dado a conocer; su contenido y fundamentos jurídicos pueden dar un giro inesperado ya que algunos medios de comunicación (entre ellos El Mundo) indican que la resolución judicial «no permite a las autoridades administrativas o escolares, ni a los profesores, imponer a los alumnos criterios morales o éticos que son objeto de discusión en la sociedad. Su contenido debe centrarse en la educación de principios y valores constitucionales». Los padres compartimos esta última reflexión, y si el Gobierno hubiera respetado este planteamiento jamás se hubiera producido esta situación.
Las distintas plataformas de padres objetores de toda España, que ya superan las 60, han confirmado su decisión de seguir luchando para que se reconozca su derecho a la objeción de conciencia, como último recurso frente al adoctrinamiento impuesto por Educación para la Ciudadanía. En esta tarea seguimos contando, además, con el apoyo de las distintas asociaciones de ámbito nacional que apoyan la objeción de conciencia, así como con los abogados que, de forma absolutamente desinteresada, defienden los derechos de los padres y que seguirán apoyando a los objetores que quieran presentar recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y acudir, si fuera preciso, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La jurisprudencia internacional y los tratados sobre Derechos Humanos avalan la libertad de los padres para educar a sus hijos según sus convicciones.
La movilización de padres en defensa de su libertad y la de sus hijos es imparable. Más allá de la obligatoriedad de cualquier ley o sentencia, un Gobierno democrático no puede ser insensible ante esa realidad que ha llevado a presentar más de 52 mil objeciones a Educación para la Ciudadanía y casi 2.000 recursos judiciales. La escuela necesita recuperar la tranquilidad, el consenso y el respeto a la libertad de todos para poder realizar su misión. Esta Educación para la Ciudadanía ha introducido una grave fractura en la educación española debido a la nula voluntad de diálogo por parte del Gobierno.Los padres vamos a seguir adelante hasta que se reconozcan nuestros derechos fundamentales por el bien de nuestros hijos, para defenderlos de las pretensiones de aquellos que quieren hacer de la escuela un campo de manipulación de sus conciencias y que consideran, tal como ha manifestado Florentino Muñoz, Catedrático de Filosofía, Director de IES en Salamanca y Patrono de Cives, que en la educación de los menores, los padres somos meros sujetos “accidentales, circunstanciales y prescindibles en la información y el aprendizaje”.

MINISTROS Y ALTOS CARGOS DESVELAN

LA REALIDAD DE
“EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA”

Soria, 4 de diciembre de 2008.

Hasta ahora el Gobierno de Rodríguez Zapatero (y en general los dirigentes socialistas) habían asegurado que el conjunto de asignaturas denominadas Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos (EpC) solamente enseñaban Constitución Española y Derechos Humanos. Sin embargo constantemente se están produciendo declaraciones de los responsables de su implantación que no hacen sino desvelar la realidad de lo que supone EpC: una plataforma privilegiada para introducir en la escuela, de manera obligatoria y evaluable, cualquier ideología y cualquier contenido que el gobierno de turno quiera imponer como MORAL DE ESTADO OBLIGATORIA, para todos nuestros hijos entre 10 y 17 años, sin que la inmensa mayoría de los padres sean conscientes de este adoctrinamiento.

Concretamente, en los últimos días, coincidiendo con el alarmante número de abortos entre jóvenes y adolescentes, varios ministros y altos cargos socialistas han desvelado esta realidad. En resumen, éstas han sido sus declaraciones:

· Bernat Soria, ministro de Sanidad, en Alicante (10-11-2008) incidió en la necesidad de trabajar más en el fomento de la educación sexual y reproductiva (para poder reducir la tasa de abortos), algo que se puede hacer desde la asignatura Educación para la Ciudadanía.

· José Martínez Olmos, Secretario General del Ministerio de Sanidad ha afirmado (2-12-2008) que EpC puede servir para concienciar a los jóvenes de la necesidad de utilizar métodos anticonceptivos.

· Carmen Montón, portavoz del Grupo Socialista de Igualdad en el Congreso de Diputados, ha declarado (3-12-2008) que no entiende que se vaya en contra de una asignatura como Educación para la Ciudadanía, que tiene capítulos enteros hablando de sexualidad, sexo seguro y responsable.

· Mireia Pilar Ruiz, secretaria general de las Juventudes Socialistas de Archena (Murcia) ha asegurado que la asignatura Educación para la Ciudadanía incluye módulos de educación sexual, contenidos que se empeñan en calificar de adoctrinamiento moral.

· Mercedes Cabrera, ministra de Educación, Política Social y Deporte, ha recordado (3-12-2008) que hay que formar ciudadanos que conozcan sus derechos y obligaciones y la educación respecto al aborto es un objetivo esencial.

Para María Luisa Pérez Toribio, de SORIA EDUCA EN LIBERTAD, las declaraciones citadas revelan la realidad de EpC. “Una vez que se ha conseguido la imposición de EpC engañando a los padres sobre sus contenidos, la realidad refleja que se trata de lo que miles de padres venimos denunciando durante tanto tiempo: una puerta abierta en la escuela para hacer llegar a nuestros hijos, entre 10 y 17 años, cualquier contenido moral e ideológico que el gobierno pretenda imponer en la sociedad, y además, evaluarles para comprobar que los niños lo hacen suyo, puesto que “se exige del menor que los incorpore a su comportamiento para siempre”, como ha dicho en TSJ de Castilla y León en los Autos del pasado mes de noviembre. Es una asignatura que permite que el gobierno de turno se convierta en educador moral de nuestros hijos, algo absolutamente inconcebible en un estado democrático.”

“Nuestros hijos deben asumir que las leyes de cada momento se conviertan en sus criterios éticos y morales, configurando una ‘conciencia moral acorde con las sociedades cambiantes en las que vivimos’, tal como se recoge en los Reales Decretos. En ese contexto, el aborto, por ejemplo, es una opción más, perfectamente válida; el supuesto «derecho al aborto» entra a formar parte del programa de este conjunto de asignaturas y los alumnos tienen que aceptarlo como tal derecho, sin más cuestionamientos morales.”

En opinión de la representante de SORIA EDUCA EN LIBERTAD, estas últimas declaraciones, así como otras que se han producido anteriormente, revelan que el diseño actual de EpC es un pretexto para formar nuevos ciudadanos a la medida de la ideología del Gobierno de turno. “Esto explica que ya haya más de 50.000 objeciones de conciencia y que los padres hayamos acudido a los tribunales. La situación es tan grave y hay tanto en juego que los padres tenemos claro que llegaremos, si es necesario, hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para defender a nuestros hijos de este atropello. No obstante, confiamos en que el Tribunal Supremo, a la vista de numerosa jurisprudencia, tanto de tribunales españoles como del propio tribunal de Estrasburgo, reconozca nuestros derechos y acabe con esta situación, impropia del sistema educativo.”

LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN HACE EXTENSIVAS LAS MEDIDAS CAUTELARES A ALUMNOS OBJETORES QUE AÚN NO HABÍAN ACUDIDO A LOS TRIBUNALES

ASÍ SE LO HAN COMUNICADO AYER MARTES, A TRAVÉS DE UNA ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, A ALUMNOS DE SALAMANCA, SEGOVIA Y VALLADOLID.

Soria, 3 de diciembre de 2008.

Al menos cinco alumnos de Castilla y León, concretamente de Salamanca, Segovia y Valladolid, recibieron ayer martes 2 de diciembre una orden de la Consejería de Educación por la que “se adopta la medida provisional de suspensión relativa a la solicitud de objeción de conciencia para cursar la asignatura de Educación para la Ciudadanía”. De esta forma, tal como concluye la orden, resuelve que "queda sin eficacia jurídica la obligatoriedad de cursar, recibir las enseñanzas y ser evaluado de la citada asignatura, sin perjuicio del mantenimiento de las obligaciones de escolarización y custodia que competen a la Junta de Castilla y León".

De esta forma la Consejería de Educación, una vez conocidos los autos del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, ha rectificado su actitud, contraria hasta ahora a adoptar dicha medida a todos los alumnos objetores sin necesidad de acudir al Tribunal.

Las distintas plataformas de Castilla y León, que defienden los derechos de los padres y les prestan apoyo jurídico, junto con otras asociaciones de ámbito nacional, valoran muy positivamente esta medida adoptada por la Consejería. Así se lo habían solicitado en numerosas ocasiones sin obtener, hasta este momento, ninguna respuesta por parte de los responsables de la Junta.

Los portavoces de las distintas plataformas consideran que esta medida es muy importante, además, porque, tal como ya hizo el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, así como otros tribunales del resto de España, en ella se reconoce que lo que se denomina genéricamente Educación para la Ciudadanía engloba distintas asignaturas. Concretamente los alumnos a los que afecta la medida adoptada por la Consejería de Educación están cursando distintas asignaturas: Educación para la Ciudadanía en 2º de E.S.O, Educación Ético-Civica en 4º de E.S.O y Filosofía y Ciudadanía en 1º de Bachilllerato.

La portavoz de Salamanca Educa en Libertad, Lourdes Ruano Espina, y el portavoz de Padres por la Libertad de Valladolid, José Sanz Aguilar, dos de las plataformas a las que pertenecen los alumnos a los que afecta la medida adoptada por la Consejería, consideran que “ésta es una buena noticia para todos, pero particularmente para aquellos padres que se encontraban en situación de indefensión, al no haber podido hacer valer sus Derechos Fundamentales ante los Tribunales de Justicia por inactividad de la Administración”. Dichas Plataformas han declarado, a través de sus portavoces: “lamentamos que haya sido necesaria la interposición de más de 250 recursos judiciales para que la Consejería de Educación haya rectificado su postura, pero reconocemos que esta decisión constituye un avance importante en el reconocimiento y la efectividad de los Derechos Fundamentales.” Recuerda Ruano, no obstante, que “la objeción de conciencia no es una mera solicitud, como se desprende del tenor literal de la resolución, sino la declaración o manifestación del ejercicio del derecho constitucional a la objeción de conciencia.”

El abogado de las Plataformas de Salamanca, Valladolid, Soria y Ávila, Francisco José Ramos Vega, ha valorado positivamente la Orden de 24 de noviembre de 2008 dictada por el Consejero de Educación. El art. 72.1 de la Ley 30/1992 prevé la posibilidad de que el órgano administrativo adopte de oficio las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución "si existen elementos de juicio suficiente para ello". Con base a este precepto el Consejero ha hecho extensiva la medida cautelar adoptada por el TSJ de Castilla y León en más de 47 Autos Judiciales. Manifiesta este letrado que “éste era el momento adecuado para que la Consejería de Educación hubiera mostrado una postura más valiente y, haciendo uso de las competencias que le vienen asignadas en materia educativa, haber resuelto definitivamente las objeciones presentadas, reconociéndolas y asumiendo por tanto la constitucionalidad del derecho de libertad religiosa y del derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones”. Prosigue Ramos Vega que “Del mismo modo, y en los casos en los que se ha interpuesto Recurso Potestativo de Reposición, la Orden dictada el día 24, debería haber resuelto definitivamente dicho Recurso, reconociendo ese derecho a la objeción. Se ha perdido una ocasión de rectificar y de apoyar, no solo a través de los medios de comunicación, a los padres que con tanto esfuerzo y dedicación han tenido que enfrentarse con los poderes públicos en la defensa de sus derechos. No obstante, se trata de una importante noticia y de un gran logro que nos invita a seguir adelante en la defensa de las libertades.” Además, tal como ha añadido, “esperamos que en los próximos días la Junta remita órdenes en el mismo sentido a todos aquellos alumnos que aún se encuentran en situación de indefensión”.

Por su parte, Esther Lázaro Hernanz, abogada de la plataforma Segovia Educa en Libertad, es de la misma opinión: “Los alumnos afectados quedan así formalmente exentos de manera cautelar de cursar, recibir las enseñanzas, y de ser evaluados, sin necesidad de acudir a los tribunales. Las resoluciones de la Consejería de Educación han comenzado a recibirse con fecha del martes día 2, de manera individual a los padres objetores, rectificando su postura inicial. Esta nueva posición es valorada muy positivamente y esperamos que próximamente se de un paso más por parte la Junta de Castilla y León, y se estimen, no sólo las medidas cautelares, sino también las objeciones de forma definitiva.”
Lázaro Hernanz, ha añadido que “con esta resolución, la Junta de Castilla y León se suma a La Rioja, al estimar, por aplicación directa de la Constitución, la medida cautelar consistente en la suspensión de la obligación de que los alumnos sean evaluados del conjunto de asignaturas que conformas educación para la ciudadanía, incluido la asignatura de Filosofía y Ciudadanía”
La abogada de los padres objetores de Segovia ha comentado también que “Con esta importante medida se avanza un paso más en el reconocimiento del derecho a la objeción frente a esta asignatura por la vulneración de los derechos fundamentales recogidos en la Constitución, que esperamos que próximamente se convierta en una estimación plena de la misma.”

A través de esta nota la portavoz de la Plataforma Salamanca Educa en Libertad, Inmaculada López, ha manifestado que “ante esta situación insostenible, con más de 50.000 objeciones de conciencia, cerca de doscientas resoluciones favorables a los objetores (entre autos y sentencias), los padres instamos, una vez más, al Gobierno de la Nación a reconsiderar su postura, al igual que ha hecho la Junta de Castilla y León, y retirar Educación para la Ciudadanía tal como está planteada puesto que vulnera los derechos fundamentales de los padres, responsables de elegir la formación moral de sus hijos, entre otras cosas porque, tal como dice el TSJ de CyL, ‘no sólo implica recibir unos determinados conocimientos, sino que se exige del menor que los incorpore a su comportamiento para siempre’ y establece como criterio de evaluación ‘no sólo una asimilación de contenidos sino un determinado comportamiento.’ Una situación absolutamente intolerable contra la que los padres vamos a luchar hasta el final.”

SE CONSOLIDA EL MOVIMIENTO OBJETOR A EpC

LAS OBJECIONES A EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA SUPERAN LAS 50 MIL

Soria, 26 de noviembre de 2008. Este es el primer curso escolar en el que se imparte en toda España Educación para la Ciudadanía, un conjunto de asignaturas que ha despertado, paradójicamente, la oposición de buena parte de la ciudadanía española. Formando parte de asociaciones o constituyendo agrupaciones y plataformas espontáneas, miles de padres y madres han recurrido a un derecho constitucional, el de la libertad ideológica y de conciencia, para defenderse frente a lo que consideran una intromisión estatal en la educación de sus hijos.

El resultado de este movimiento cívico es que, a fecha de hoy, se han presentado en España 50.420 objeciones de conciencia. En el caso de Castilla y León el número de objeciones asciende a 3.313, de las cuales. 315 corresponden a Soria Estos datos han sido presentados hoy en ruedas de prensa simultáneas en toda España

Durante los últimos meses los objetores hemos sufrido presiones y amenazas; el Gobierno de la nación y los gobiernos autonómicos de todos los partidos nos han ignorado o acusado de fundamentalistas, intolerantes, rebeldes… En comunidades como Andalucía, la Administración ha llegado a realizar actos presuntamente delictivos como publicar en el Boletín Oficial de la Comunidad los nombres de los menores objetores. En nuestra provincia, hasta el momento, no se han producido casos de acoso tan evidentes, pero sí es cierto que no hay un número mayor de objetores por el miedo de muchos padres a poner a sus hijos en una situación difícil y tener que enfrentarse a unos colegios que, salvo contadas excepciones, están impidiendo a los padres organizar charlas informativas dentro de los mismos. Frente a las persecuciones y amenazas, reiteramos que sólo somos ciudadanos que exigimos respeto a nuestra posición y a nuestros hijos, una posición amparada por la Constitución Española y por una amplia jurisprudencia de distintos Tribunales, tanto nacionales como internacionales. Nada más».

La intransigencia de las administraciones educativas ha obligado a los padres a tener que recurrir a los tribunales, de manera que, a estas alturas, se han acumulado 1575 procedimientos judiciales reclamando el reconocimiento del derecho a la objeción. Concretamente en Castilla y León se han presentado 254 recursos. Hasta el momento, el TSJ de CyL ha comunicado a los padres, a través de sus abogados, 46 autos que conceden a los padres medidas cautelares, de los cuales 14 corresponden a Soria. A nivel nacional, los tribunales han dictado más de 180 resoluciones favorables a los objetores (entre sentencias y autos de medidas cautelares).

Confiamos en que el Tribunal Supremo nos confirme el derecho a objetar pero, si fuera necesario, estamos dispuestos acudir al Tribunal Constitucional y a Estrasburgo.

Las más de 50 mil objeciones presentadas son fruto del coraje de los padres que han decidido oponerse a un conjunto de asignaturas cuyo propósito es formar la conciencia moral de sus hijos, y, en muchos casos, es fruto, también del coraje y la fuerza de los propios chicos que están haciendo frente a situaciones difíciles, situaciones que les están forjando el carácter y que les están enseñando, en la lucha de sus padres y de ellos mismos, que la conciencia está por encima de leyes injustas y que, muchas veces, hay que pagar un precio por la libertad.

A pesar de la falta de información, a pesar de que se trata de un combate desigual, porque somos simples padres de familia haciendo frente a una imposición por parte de un Estado, padres que tenemos que superar muchos obstáculos y vencer muchos miedos, el resultado es ciertamente alentador. El incremento de objeciones es imparable, como lo es el de resoluciones judiciales favorables. Los datos que hoy presentamos consolidan el movimiento objetor a Educación para la Ciudadanía que se articula desde 107 asociaciones y plataformas a nivel nacional: ahora somos más objetores, estamos más unidos y tenemos un propósito: no dar ni un paso atrás en la defensa de la libertad ideológica, de conciencia y de educación. Somos miles de ciudadanos responsables que hemos aceptado complicarnos la vida por la libertad y por lo más valioso: los hijos; los de todos , los de hoy y los de mañana.

CONVOCADA RUEDA DE PRENSA: 26 de NOVIEMBRE

SE CONSOLIDA EL MOVIMIENTO OBJETOR MÁS IMPORTANTE DE LA HISTORIA DE ESPAÑA

La plataforma SORIA EDUCA EN LIBERTAD
presenta los últimos datos de objeciones y de la situación judicial de la asignatura, así como el nuevo vídeo del movimiento objetor a Educación para la Ciudadanía.


Ese mismo día distintas plataformas de toda España presentarán estos datos a los medios de comunicación en ruedas de prensa simultáneas.


DÍA: miércoles 26 de Noviembre
HORA: 11.30 h.
LUGAR:Hotel Alfonso VIII

LOS TRIBUNALES SIGUEN RESPALDANDO A LOS OBJETORES

EL TSJ DE CASTILLA Y LEÓN HA COMUNICADO HOY 13 NUEVOS AUTOS EN LOS QUE SE CONCEDEN MEDIDAS CAUTELARES

Con éstas, son ya 40 las resoluciones favorables a los padres en Castilla y León


Soria, 24 de noviembre de 2008.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha dictado 13 nuevos Autos que conceden medidas cautelares a 15 alumnos, eximiendo a éstos de la obligatoriedad de cursar, recibir las enseñanzas y ser evaluados de la materia de Educación para la Ciudadanía de manera provisional, hasta que se dicte sentencia.

Los autos corresponden a recursos presentados por el abogado Francisco José Ramos Vega, letrado del Colegio de Abogados de Salamanca, y defensor de numerosos padres objetores, entre ellos los de las plataformas Salamanca Educa en Libertad, Soria Educa en Libertad y Padres por la Libertad de Valladolid, a los que corresponden los autos conocidos en el día de hoy:

6 Autos corresponden a 7 alumnos de Salamanca.
4 Autos corresponden a 4 alumnos de Valladolid.
3 Autos corresponden a 4 alumnos de Soria.

Ante este claro respaldo de los Tribunales, cuyos autos y sentencias vamos conociendo cada día, las plataformas y asociaciones que respaldan a los padres en Castilla y León esperan que la Junta adopte de forma oficial las medidas necesarias, más allá de simples declaraciones en los medios de comunicación, que acaben con la situación de incertidumbre e indefensión en que se encuentran todavía muchos padres que no han recibido a fecha de hoy ninguna respuesta por parte de la Consejería de Educación.

Desde las plataforma de Salamanca, Valladolid y Soria se recuerda que hasta ahora, en declaraciones a los medios de comunicación, dichos responsables han manifestado su intención de extender la medida a aquellos alumnos a los que se les ha denegado la objeción, sin mencionar nunca a aquellos que no han obtenido respuesta por parte de la Junta. Dicha medida es, de todo punto, insuficiente, puesto que es previsible que a todos aquellos alumnos a los que la Consejería les ha denegado la objeción se les notifique en los próximos días un auto con medidas similares a los de hoy. El problema lo tienen aquellos alumnos cuyos padres no han podido acudir a los tribunales al no haber recibido ninguna respuesta por parte de la Consejería de Educación.
Los padres de SALAMANCA EDUCA EN LIBERTAD, SORIA EDUCA EN LIBERTAD y PADRES POR LA LIBERTAD de Valladolid instamos al Gobierno de la Nación a acabar con esta situación y reconsiderar la imposición de una asignatura que, tal como están reconociendo numerosas Sentencias y Autos de distintos tribunales de toda España, vulnera los derechos fundamentales de los padres, responsables de elegir la formación moral de sus hijos, entre otras cosas porque, tal como dice el TSJ de CyL, “no sólo implica recibir unos determinados conocimientos, sino que se exige del menor que los incorpore a su comportamiento para siempre” y establece como criterio de evaluación “no sólo una asimilación de contenidos sino un determinado comportamiento.”

13 NUEVAS RESOLUCIONES JUDICIALES RESPALDAN A LOS OBJETORES A “EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA”

Con éstas, son ya 27 las resoluciones favorables a los padres en Castilla y León

Soria, 20 de noviembre de 2008.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma ha dictado 13 nuevos Autos que conceden medidas cautelares, eximiendo a los alumnos afectados de la obligatoriedad de cursar, recibir las enseñanzas y ser evaluados de la materia de Educación para la Ciudadanía de manera provisional, hasta que se dicte sentencia.

Según Francisco José Ramos Vega, letrado del Colegio de Abogados de Salamanca y defensor de numerosos padres objetores, entre ellos los de las plataformas Salamanca Educa en Libertad, Soria Educa en Libertad y Padres por la Libertad de Valladolid, a los que corresponden los autos conocidos en el día de hoy, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, ha comunicado los siguientes Autos:

4 Autos corresponden a 6 alumnos de Salamanca.
4 Autos corresponden a 4 alumnos de Valladolid.
5 Autos corresponden a 5 alumnos de Soria.

Las familias objetoras esperaban esta noticia desde que el Tribunal notificó los primeros autos judiciales concediendo medidas cautelares el pasado 12 de noviembre. Según Ramos Vega es muy probable que en los próximos días sean notificados nuevos autos de medidas cautelares, cuya resolución está aún pendiente.

Según datos facilitados por la asociación Profesionales por la Ética, a fecha de hoy hay 1562 recursos judiciales. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León acumula 251 recursos judiciales presentados por padres objetores, a los que la Junta de Castilla y León ha negado el derecho a objetar a Ciudadanía (denegando o inadmitiendo la objeción de conciencia). Sin embargo, las objeciones presentadas en la comunidad castellanoleonesa superan los 3 000, pero la Consejería de Educación, ante la avalancha de recursos judiciales, se ha negado a responder al resto de padres objetores, hasta que no se hayan dictado las primeras sentencias.

Ante esta situación, desde Soria Educa en Libertad preguntamos a la Ministra de Educación, Mercedes Cabrera, si aún sigue considerando que no existe ningún problema con la implantación de Educación para la Ciudadanía, como declaró el pasado mes de Septiembre.


El movimiento objetor a Ciudadanía en Castilla y León es fruto de la labor de numerosas entidades y plataformas de padres y ciudadanos. Entre ellas destacan las plataformas de padres que han ido surgiendo en Aranda de Duero, Ávila, Burgos, León, Salamanca, Segovia, Soria y Valladolid en defensa de la libertad de los padres a elegir la formación de sus hijos.

Desde Soria Educa en Libertad reiteramos una vez más nuestro compromiso con la defensa de nuestros derechos, con la lucha por la libertad y denunciamos la intromisión ilegítima del Estado en la formación de las conciencias de nuestros hijos.

Invitamos a los padres a informarse y conocer la realidad de Educación para la Ciudadanía y las resoluciones de los Tribunales que reconocen nuestros derechos.