De confirmarse oficialmente esta decisión, el Partido Popular de Castilla y León estará contradiciendo las directrices de su partido y dará la espalda a los padres y a la libertad de Educación
Así lo anunció finalmente el Consejero de Educación, Juan José Mateos, al Presidente del Foro de la Familia de Castilla y León, Antón Peña, y al Presidente de Profesionales por la Ética, Jaime Urcelay, en una reunión celebrada el pasado martes 17 de junio y en la que también estuvo presente Emilio Gutiérrez, Director General de Planificación, Ordenación e Inspección Educativa de la misma Consejería.
La Plataforma SORIA EDUCA EN LIBERTAD ha tenido conocimiento del contenido de la citada reunión a través de los presidentes de Profesionales por la Ética y del Foro de la Familia de Castilla y León, asociaciones con las que mantienen una estrecha relación en la defensa de la libertad de los padres a elegir la formación moral de los hijos frente a una intromisión ilegítima del Estado.
El Consejero indicó que la Junta de Castilla y León no reconocerá el derecho a la objeción de conciencia frente a Educación para la Ciudadanía. Asimismo, en dicha reunión, el Consejero anunció que se limitará a asegurar la debida atención educativa de los alumnos objetores, algo a lo que, según los expertos consultados por Profesionales por la Ética, los centros ya están obligados en todo caso mientras los alumnos están en su recinto.
Además de negar la existencia del derecho constitucional a la objeción de conciencia, a pesar de que ya ha sido reconocido en las tres únicas sentencias judiciales existentes sobre este tema, la principal razón esgrimida por Mateos para justificar la decisión de la Junta fue que el currículo de Castilla y León de Educación para la Ciudadanía “ha recortado” los contenidos de los Reales Decretos estatales de contenidos mínimos obligatorios. Por eso, según expresó, la asignatura “ya no puede hacer daño moral”. En este sentido, dijo que en Castilla y León, por ejemplo, no podrá enseñarse la doctrina sobre el género y vigilarán para que esto se cumpla. Sin embargo reconoció que en las alegaciones al requerimiento del Ministerio para que el currículo castellano-leonés se ajustara a los contenidos mínimos obligatorios de la asignatura, la Junta se defendió afirmando que en realidad sólo había diferencias de redacción porque la totalidad de los contenidos de los Reales Decretos estatales “están implícitos” en el currículo de Castilla y León. El Consejero expresó también que no le preocupa que el currículo esté recurrido por el Ministerio en los tribunales de justicia y asumió que pueda ser declarado ilegal pues, según afirmó, “eso sería un problema de la Junta y no de los padres”.
Desde la plataforma SORIA EDUCA EN LIBERTAD afirmamos que esta supuesta vigilancia para evitar este tipo de contenidos no se está llevando a cabo, puesto que los libros de texto que ya están llegando a los centros de nuestra Comunidad son los mismos que se están utilizando en el resto de Comunidades y sus contenidos se ajustan a los contenidos marcados por el Ministerio de Educación, y no al currículo modificado, al menos en su redacción, por la Junta de Castilla y León.
Mateos reiteró también que la Junta no puede garantizar la titulación de los alumnos objetores y negó, sin base argumental alguna, que sea aplicable a Educación para la Ciudadanía la Orden de noviembre de 2007, de la propia Consejería, sobre evaluación en la ESO. Esta Orden permite expresamente que la Consejería de Educación establezca las normas correspondientes que permitan a los centros establecer medidas educativas complementarias para que los alumnos que hayan dejado de cursar alguna materia puedan alcanzar los objetivos de la misma.
Por último, el Consejero expresó que, más allá de la voluntad de los padres, la Junta quiere proteger a los niños, a los que se puede hacer daño con la objeción. En este sentido, afirmó que los Servicios Jurídicos de la Consejería han llegado a estudiar la posibilidad de obligar a los padres a firmar un “consentimiento informado”, como ocurre en las intervenciones médicas. El Consejero se adhiere así a los postulados del Gobierno que entienden que la Educación corresponde al Estado y, subsidiariamente, a los padres, contradiciendo así las normas básicas de la democracia.
Con esta postura, el Consejero de Educación se aparta de la posición adoptada por el Partido Popular en el Congreso Nacional celebrado el pasado fin de semana en Valencia. Concretamente, el texto acordado en la Comisión Política asegura que "es necesario dar una solución satisfactoria a las numerosas familias que han expresado fundamentalmente graves reparos de conciencia respecto a los planteamientos y contenidos de dicha asignatura, ya que hay que respetar plenamente los derechos que asisten a los padres en relación con la formación", tal como aparece en el artículo 27.3 de la Constitución. En dicha ponencia se señala también que esta materia es "un instrumento de adoctrinamiento" y de "manipulación ideológica incompatible con la exigencia de un Estado democrático".
Se trata, además, de una postura incoherente que choca frontalmente con las declaraciones realizadas en numerosas ocasiones por distintos responsables de la Junta, entre ellos su máximo representante, Juan Vicente Herrera, quien ha manifestado, tal como aparece recogido en los medios de comunicación, que las administraciones públicas “deben reconocer” el derecho a la objeción de conciencia.
Desde nuestra plataforma reclamamos, una vez más, el respeto de nuestro derecho constitucional a la objeción de conciencia por parte de las administraciones, y el cumplimiento pleno del artículo 27.3 de la Constitución Española, que declara el derecho de los padres a educar a sus hijos de acuerdo con sus convicciones morales y filosóficas.
Ante el interés mostrado por el Consejero de Educación de proteger a los alumnos, desde SORIA EDUCA EN LIBERTAD instamos a Juan José Mateos a que demuestre ese interés respetando escrupulosamente el derecho a la objeción de conciencia, sin que el mismo tenga consecuencias negativas para éstos, algo que puede hacer en el uso de sus competencias.
Lamentamos profundamente que el Consejero de Educación haya hecho perder el tiempo a los padres y les haya mareado con declaraciones ambiguas e incoherentes en los medios de comunicación para ahora, una vez finalizado el curso escolar, manifestar su postura, que no difiere en absoluto de la expresada a nuestra plataforma el pasado mes de marzo, lo que nos hace pensar que nunca ha tenido voluntad de hacer algo distinto a lo que ahora ha expresado con tanta claridad.
En vista de que la postura manifestada con toda firmeza por el Consejero de Educación se aparta radicalmente de la postura oficial del Partido Popular, que gobierna en Castilla y León, las distintas plataformas de la Comunidad hemos solicitado conjuntamente una entrevista urgente con el presidente de la Junta para que nos aclare esta situación. Ante la gravedad de la misma esperamos una rápida respuesta por parte de Juan Vicente Herrera.
