soria educa en libertad

2009-01-29T08:01:00.000-08:00

UNA VEZ CONOCIDO EL FALLO DEL TRIBUNAL SUPREMO,
MILES DE PADRES OBJETORES DE CASTILLA Y LEÓN CONFIRMAN SU DECISIÓN DE DEFENDER SUS DERECHOS FUNDAMENTALES

Soria, 28 de enero de 2009.

El Pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, mediante nota remitida a los medios de comunicación, ha dado a conocer su conclusión en relación con cuatro recursos de casación sobre el derecho a la objeción de conciencia a las asignaturas de Educación para la Ciudadanía (tres de ellos procedentes de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias y otro procedente de la Sala de lo Contencioso de Sevilla). Según este comunicado, “en los casos presentados no existe el derecho a la objeción de conciencia” y así mismo ha establecido que “los Decretos examinados, ambos referentes a la Educación Secundaria, por sí mismos no alcanzan a lesionar el derecho fundamental de los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones».

Ante el comunicado del Tribunal Supremo, y a la espera de conocer el contenido de la sentencia (que aún no se ha hecho público), SORIA EDUCA EN LIBERTAD, en nombre de los padres objetores de esta provincia, quiere hacer constar lo siguiente:

La sentencia dictada por el Tribunal Supremo afecta a los casos concretos que han sido parte en el procedimiento; no tiene efecto en otros casos de objetores protegidos por otros pronunciamientos judiciales (sentencias o autos de medidas cautelares). En Castilla y León seguimos a la espera de que se pronuncie el Tribunal Superior de Justicia, que hasta el momento ha concedido las medidas cautelares a aquellos alumnos que están cursando la asignatura, indicando en dichos autos que “a diferencia de otras asignaturas (…) la superación de esta asignatura no sólo implica recibir unos determinados conocimientos, sino que se exige del menor que los incorpore a su comportamiento para siempre.” y que esta asignatura establece “… como criterio de evaluación no sólo una asimilación de contenidos sino un determinado comportamiento.”
Resulta imposible hacer una valoración de la sentencia del Supremo puesto que aún no se ha dado a conocer; su contenido y fundamentos jurídicos pueden dar un giro inesperado ya que algunos medios de comunicación (entre ellos El Mundo) indican que la resolución judicial «no permite a las autoridades administrativas o escolares, ni a los profesores, imponer a los alumnos criterios morales o éticos que son objeto de discusión en la sociedad. Su contenido debe centrarse en la educación de principios y valores constitucionales». Los padres compartimos esta última reflexión, y si el Gobierno hubiera respetado este planteamiento jamás se hubiera producido esta situación.
Las distintas plataformas de padres objetores de toda España, que ya superan las 60, han confirmado su decisión de seguir luchando para que se reconozca su derecho a la objeción de conciencia, como último recurso frente al adoctrinamiento impuesto por Educación para la Ciudadanía. En esta tarea seguimos contando, además, con el apoyo de las distintas asociaciones de ámbito nacional que apoyan la objeción de conciencia, así como con los abogados que, de forma absolutamente desinteresada, defienden los derechos de los padres y que seguirán apoyando a los objetores que quieran presentar recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y acudir, si fuera preciso, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La jurisprudencia internacional y los tratados sobre Derechos Humanos avalan la libertad de los padres para educar a sus hijos según sus convicciones.
La movilización de padres en defensa de su libertad y la de sus hijos es imparable. Más allá de la obligatoriedad de cualquier ley o sentencia, un Gobierno democrático no puede ser insensible ante esa realidad que ha llevado a presentar más de 52 mil objeciones a Educación para la Ciudadanía y casi 2.000 recursos judiciales. La escuela necesita recuperar la tranquilidad, el consenso y el respeto a la libertad de todos para poder realizar su misión. Esta Educación para la Ciudadanía ha introducido una grave fractura en la educación española debido a la nula voluntad de diálogo por parte del Gobierno.Los padres vamos a seguir adelante hasta que se reconozcan nuestros derechos fundamentales por el bien de nuestros hijos, para defenderlos de las pretensiones de aquellos que quieren hacer de la escuela un campo de manipulación de sus conciencias y que consideran, tal como ha manifestado Florentino Muñoz, Catedrático de Filosofía, Director de IES en Salamanca y Patrono de Cives, que en la educación de los menores, los padres somos meros sujetos “accidentales, circunstanciales y prescindibles en la información y el aprendizaje”.

2008-12-04T15:36:00.000-08:00

MINISTROS Y ALTOS CARGOS DESVELAN

LA REALIDAD DE
“EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA”

Soria, 4 de diciembre de 2008.

Hasta ahora el Gobierno de Rodríguez Zapatero (y en general los dirigentes socialistas) habían asegurado que el conjunto de asignaturas denominadas Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos (EpC) solamente enseñaban Constitución Española y Derechos Humanos. Sin embargo constantemente se están produciendo declaraciones de los responsables de su implantación que no hacen sino desvelar la realidad de lo que supone EpC: una plataforma privilegiada para introducir en la escuela, de manera obligatoria y evaluable, cualquier ideología y cualquier contenido que el gobierno de turno quiera imponer como MORAL DE ESTADO OBLIGATORIA, para todos nuestros hijos entre 10 y 17 años, sin que la inmensa mayoría de los padres sean conscientes de este adoctrinamiento.

Concretamente, en los últimos días, coincidiendo con el alarmante número de abortos entre jóvenes y adolescentes, varios ministros y altos cargos socialistas han desvelado esta realidad. En resumen, éstas han sido sus declaraciones:

· Bernat Soria, ministro de Sanidad, en Alicante (10-11-2008) incidió en la necesidad de trabajar más en el fomento de la educación sexual y reproductiva (para poder reducir la tasa de abortos), algo que se puede hacer desde la asignatura Educación para la Ciudadanía.

· José Martínez Olmos, Secretario General del Ministerio de Sanidad ha afirmado (2-12-2008) que EpC puede servir para concienciar a los jóvenes de la necesidad de utilizar métodos anticonceptivos.

· Carmen Montón, portavoz del Grupo Socialista de Igualdad en el Congreso de Diputados, ha declarado (3-12-2008) que no entiende que se vaya en contra de una asignatura como Educación para la Ciudadanía, que tiene capítulos enteros hablando de sexualidad, sexo seguro y responsable.

· Mireia Pilar Ruiz, secretaria general de las Juventudes Socialistas de Archena (Murcia) ha asegurado que la asignatura Educación para la Ciudadanía incluye módulos de educación sexual, contenidos que se empeñan en calificar de adoctrinamiento moral.

· Mercedes Cabrera, ministra de Educación, Política Social y Deporte, ha recordado (3-12-2008) que hay que formar ciudadanos que conozcan sus derechos y obligaciones y la educación respecto al aborto es un objetivo esencial.

Para María Luisa Pérez Toribio, de SORIA EDUCA EN LIBERTAD, las declaraciones citadas revelan la realidad de EpC. “Una vez que se ha conseguido la imposición de EpC engañando a los padres sobre sus contenidos, la realidad refleja que se trata de lo que miles de padres venimos denunciando durante tanto tiempo: una puerta abierta en la escuela para hacer llegar a nuestros hijos, entre 10 y 17 años, cualquier contenido moral e ideológico que el gobierno pretenda imponer en la sociedad, y además, evaluarles para comprobar que los niños lo hacen suyo, puesto que “se exige del menor que los incorpore a su comportamiento para siempre”, como ha dicho en TSJ de Castilla y León en los Autos del pasado mes de noviembre. Es una asignatura que permite que el gobierno de turno se convierta en educador moral de nuestros hijos, algo absolutamente inconcebible en un estado democrático.”

“Nuestros hijos deben asumir que las leyes de cada momento se conviertan en sus criterios éticos y morales, configurando una ‘conciencia moral acorde con las sociedades cambiantes en las que vivimos’, tal como se recoge en los Reales Decretos. En ese contexto, el aborto, por ejemplo, es una opción más, perfectamente válida; el supuesto «derecho al aborto» entra a formar parte del programa de este conjunto de asignaturas y los alumnos tienen que aceptarlo como tal derecho, sin más cuestionamientos morales.”

En opinión de la representante de SORIA EDUCA EN LIBERTAD, estas últimas declaraciones, así como otras que se han producido anteriormente, revelan que el diseño actual de EpC es un pretexto para formar nuevos ciudadanos a la medida de la ideología del Gobierno de turno. “Esto explica que ya haya más de 50.000 objeciones de conciencia y que los padres hayamos acudido a los tribunales. La situación es tan grave y hay tanto en juego que los padres tenemos claro que llegaremos, si es necesario, hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para defender a nuestros hijos de este atropello. No obstante, confiamos en que el Tribunal Supremo, a la vista de numerosa jurisprudencia, tanto de tribunales españoles como del propio tribunal de Estrasburgo, reconozca nuestros derechos y acabe con esta situación, impropia del sistema educativo.”

LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN HACE EXTENSIVAS LAS MEDIDAS CAUTELARES A ALUMNOS OBJETORES QUE AÚN NO HABÍAN ACUDIDO A LOS TRIBUNALES

2008-12-03T00:15:00.000-08:00

ASÍ SE LO HAN COMUNICADO AYER MARTES, A TRAVÉS DE UNA ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, A ALUMNOS DE SALAMANCA, SEGOVIA Y VALLADOLID.

Soria, 3 de diciembre de 2008.

Al menos cinco alumnos de Castilla y León, concretamente de Salamanca, Segovia y Valladolid, recibieron ayer martes 2 de diciembre una orden de la Consejería de Educación por la que “se adopta la medida provisional de suspensión relativa a la solicitud de objeción de conciencia para cursar la asignatura de Educación para la Ciudadanía”. De esta forma, tal como concluye la orden, resuelve que "queda sin eficacia jurídica la obligatoriedad de cursar, recibir las enseñanzas y ser evaluado de la citada asignatura, sin perjuicio del mantenimiento de las obligaciones de escolarización y custodia que competen a la Junta de Castilla y León".

De esta forma la Consejería de Educación, una vez conocidos los autos del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, ha rectificado su actitud, contraria hasta ahora a adoptar dicha medida a todos los alumnos objetores sin necesidad de acudir al Tribunal.

Las distintas plataformas de Castilla y León, que defienden los derechos de los padres y les prestan apoyo jurídico, junto con otras asociaciones de ámbito nacional, valoran muy positivamente esta medida adoptada por la Consejería. Así se lo habían solicitado en numerosas ocasiones sin obtener, hasta este momento, ninguna respuesta por parte de los responsables de la Junta.

Los portavoces de las distintas plataformas consideran que esta medida es muy importante, además, porque, tal como ya hizo el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, así como otros tribunales del resto de España, en ella se reconoce que lo que se denomina genéricamente Educación para la Ciudadanía engloba distintas asignaturas. Concretamente los alumnos a los que afecta la medida adoptada por la Consejería de Educación están cursando distintas asignaturas: Educación para la Ciudadanía en 2º de E.S.O, Educación Ético-Civica en 4º de E.S.O y Filosofía y Ciudadanía en 1º de Bachilllerato.

La portavoz de Salamanca Educa en Libertad, Lourdes Ruano Espina, y el portavoz de Padres por la Libertad de Valladolid, José Sanz Aguilar, dos de las plataformas a las que pertenecen los alumnos a los que afecta la medida adoptada por la Consejería, consideran que “ésta es una buena noticia para todos, pero particularmente para aquellos padres que se encontraban en situación de indefensión, al no haber podido hacer valer sus Derechos Fundamentales ante los Tribunales de Justicia por inactividad de la Administración”. Dichas Plataformas han declarado, a través de sus portavoces: “lamentamos que haya sido necesaria la interposición de más de 250 recursos judiciales para que la Consejería de Educación haya rectificado su postura, pero reconocemos que esta decisión constituye un avance importante en el reconocimiento y la efectividad de los Derechos Fundamentales.” Recuerda Ruano, no obstante, que “la objeción de conciencia no es una mera solicitud, como se desprende del tenor literal de la resolución, sino la declaración o manifestación del ejercicio del derecho constitucional a la objeción de conciencia.”

El abogado de las Plataformas de Salamanca, Valladolid, Soria y Ávila, Francisco José Ramos Vega, ha valorado positivamente la Orden de 24 de noviembre de 2008 dictada por el Consejero de Educación. El art. 72.1 de la Ley 30/1992 prevé la posibilidad de que el órgano administrativo adopte de oficio las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución "si existen elementos de juicio suficiente para ello". Con base a este precepto el Consejero ha hecho extensiva la medida cautelar adoptada por el TSJ de Castilla y León en más de 47 Autos Judiciales. Manifiesta este letrado que “éste era el momento adecuado para que la Consejería de Educación hubiera mostrado una postura más valiente y, haciendo uso de las competencias que le vienen asignadas en materia educativa, haber resuelto definitivamente las objeciones presentadas, reconociéndolas y asumiendo por tanto la constitucionalidad del derecho de libertad religiosa y del derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones”. Prosigue Ramos Vega que “Del mismo modo, y en los casos en los que se ha interpuesto Recurso Potestativo de Reposición, la Orden dictada el día 24, debería haber resuelto definitivamente dicho Recurso, reconociendo ese derecho a la objeción. Se ha perdido una ocasión de rectificar y de apoyar, no solo a través de los medios de comunicación, a los padres que con tanto esfuerzo y dedicación han tenido que enfrentarse con los poderes públicos en la defensa de sus derechos. No obstante, se trata de una importante noticia y de un gran logro que nos invita a seguir adelante en la defensa de las libertades.” Además, tal como ha añadido, “esperamos que en los próximos días la Junta remita órdenes en el mismo sentido a todos aquellos alumnos que aún se encuentran en situación de indefensión”.

Por su parte, Esther Lázaro Hernanz, abogada de la plataforma Segovia Educa en Libertad, es de la misma opinión: “Los alumnos afectados quedan así formalmente exentos de manera cautelar de cursar, recibir las enseñanzas, y de ser evaluados, sin necesidad de acudir a los tribunales. Las resoluciones de la Consejería de Educación han comenzado a recibirse con fecha del martes día 2, de manera individual a los padres objetores, rectificando su postura inicial. Esta nueva posición es valorada muy positivamente y esperamos que próximamente se de un paso más por parte la Junta de Castilla y León, y se estimen, no sólo las medidas cautelares, sino también las objeciones de forma definitiva.”
Lázaro Hernanz, ha añadido que “con esta resolución, la Junta de Castilla y León se suma a La Rioja, al estimar, por aplicación directa de la Constitución, la medida cautelar consistente en la suspensión de la obligación de que los alumnos sean evaluados del conjunto de asignaturas que conformas educación para la ciudadanía, incluido la asignatura de Filosofía y Ciudadanía”
La abogada de los padres objetores de Segovia ha comentado también que “Con esta importante medida se avanza un paso más en el reconocimiento del derecho a la objeción frente a esta asignatura por la vulneración de los derechos fundamentales recogidos en la Constitución, que esperamos que próximamente se convierta en una estimación plena de la misma.”

A través de esta nota la portavoz de la Plataforma Salamanca Educa en Libertad, Inmaculada López, ha manifestado que “ante esta situación insostenible, con más de 50.000 objeciones de conciencia, cerca de doscientas resoluciones favorables a los objetores (entre autos y sentencias), los padres instamos, una vez más, al Gobierno de la Nación a reconsiderar su postura, al igual que ha hecho la Junta de Castilla y León, y retirar Educación para la Ciudadanía tal como está planteada puesto que vulnera los derechos fundamentales de los padres, responsables de elegir la formación moral de sus hijos, entre otras cosas porque, tal como dice el TSJ de CyL, ‘no sólo implica recibir unos determinados conocimientos, sino que se exige del menor que los incorpore a su comportamiento para siempre’ y establece como criterio de evaluación ‘no sólo una asimilación de contenidos sino un determinado comportamiento.’ Una situación absolutamente intolerable contra la que los padres vamos a luchar hasta el final.”

SE CONSOLIDA EL MOVIMIENTO OBJETOR A EpC

2008-11-26T14:37:00.000-08:00

LAS OBJECIONES A EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA SUPERAN LAS 50 MIL

Soria, 26 de noviembre de 2008. Este es el primer curso escolar en el que se imparte en toda España Educación para la Ciudadanía, un conjunto de asignaturas que ha despertado, paradójicamente, la oposición de buena parte de la ciudadanía española. Formando parte de asociaciones o constituyendo agrupaciones y plataformas espontáneas, miles de padres y madres han recurrido a un derecho constitucional, el de la libertad ideológica y de conciencia, para defenderse frente a lo que consideran una intromisión estatal en la educación de sus hijos.

El resultado de este movimiento cívico es que, a fecha de hoy, se han presentado en España 50.420 objeciones de conciencia. En el caso de Castilla y León el número de objeciones asciende a 3.313, de las cuales. 315 corresponden a Soria Estos datos han sido presentados hoy en ruedas de prensa simultáneas en toda España

Durante los últimos meses los objetores hemos sufrido presiones y amenazas; el Gobierno de la nación y los gobiernos autonómicos de todos los partidos nos han ignorado o acusado de fundamentalistas, intolerantes, rebeldes… En comunidades como Andalucía, la Administración ha llegado a realizar actos presuntamente delictivos como publicar en el Boletín Oficial de la Comunidad los nombres de los menores objetores. En nuestra provincia, hasta el momento, no se han producido casos de acoso tan evidentes, pero sí es cierto que no hay un número mayor de objetores por el miedo de muchos padres a poner a sus hijos en una situación difícil y tener que enfrentarse a unos colegios que, salvo contadas excepciones, están impidiendo a los padres organizar charlas informativas dentro de los mismos. Frente a las persecuciones y amenazas, reiteramos que sólo somos ciudadanos que exigimos respeto a nuestra posición y a nuestros hijos, una posición amparada por la Constitución Española y por una amplia jurisprudencia de distintos Tribunales, tanto nacionales como internacionales. Nada más».

La intransigencia de las administraciones educativas ha obligado a los padres a tener que recurrir a los tribunales, de manera que, a estas alturas, se han acumulado 1575 procedimientos judiciales reclamando el reconocimiento del derecho a la objeción. Concretamente en Castilla y León se han presentado 254 recursos. Hasta el momento, el TSJ de CyL ha comunicado a los padres, a través de sus abogados, 46 autos que conceden a los padres medidas cautelares, de los cuales 14 corresponden a Soria. A nivel nacional, los tribunales han dictado más de 180 resoluciones favorables a los objetores (entre sentencias y autos de medidas cautelares).

Confiamos en que el Tribunal Supremo nos confirme el derecho a objetar pero, si fuera necesario, estamos dispuestos acudir al Tribunal Constitucional y a Estrasburgo.

Las más de 50 mil objeciones presentadas son fruto del coraje de los padres que han decidido oponerse a un conjunto de asignaturas cuyo propósito es formar la conciencia moral de sus hijos, y, en muchos casos, es fruto, también del coraje y la fuerza de los propios chicos que están haciendo frente a situaciones difíciles, situaciones que les están forjando el carácter y que les están enseñando, en la lucha de sus padres y de ellos mismos, que la conciencia está por encima de leyes injustas y que, muchas veces, hay que pagar un precio por la libertad.

A pesar de la falta de información, a pesar de que se trata de un combate desigual, porque somos simples padres de familia haciendo frente a una imposición por parte de un Estado, padres que tenemos que superar muchos obstáculos y vencer muchos miedos, el resultado es ciertamente alentador. El incremento de objeciones es imparable, como lo es el de resoluciones judiciales favorables. Los datos que hoy presentamos consolidan el movimiento objetor a Educación para la Ciudadanía que se articula desde 107 asociaciones y plataformas a nivel nacional: ahora somos más objetores, estamos más unidos y tenemos un propósito: no dar ni un paso atrás en la defensa de la libertad ideológica, de conciencia y de educación. Somos miles de ciudadanos responsables que hemos aceptado complicarnos la vida por la libertad y por lo más valioso: los hijos; los de todos , los de hoy y los de mañana.

CONVOCADA RUEDA DE PRENSA: 26 de NOVIEMBRE

2008-11-24T22:59:00.000-08:00

SE CONSOLIDA EL MOVIMIENTO OBJETOR MÁS IMPORTANTE DE LA HISTORIA DE ESPAÑA

La plataforma SORIA EDUCA EN LIBERTAD
presenta los últimos datos de objeciones y de la situación judicial de la asignatura, así como el nuevo vídeo del movimiento objetor a Educación para la Ciudadanía.

Ese mismo día distintas plataformas de toda España presentarán estos datos a los medios de comunicación en ruedas de prensa simultáneas.

DÍA: miércoles 26 de Noviembre
HORA: 11.30 h.
LUGAR:Hotel Alfonso VIII

LOS TRIBUNALES SIGUEN RESPALDANDO A LOS OBJETORES

2008-11-24T22:52:00.000-08:00

EL TSJ DE CASTILLA Y LEÓN HA COMUNICADO HOY 13 NUEVOS AUTOS EN LOS QUE SE CONCEDEN MEDIDAS CAUTELARES

Con éstas, son ya 40 las resoluciones favorables a los padres en Castilla y León

Soria, 24 de noviembre de 2008.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha dictado 13 nuevos Autos que conceden medidas cautelares a 15 alumnos, eximiendo a éstos de la obligatoriedad de cursar, recibir las enseñanzas y ser evaluados de la materia de Educación para la Ciudadanía de manera provisional, hasta que se dicte sentencia.

Los autos corresponden a recursos presentados por el abogado Francisco José Ramos Vega, letrado del Colegio de Abogados de Salamanca, y defensor de numerosos padres objetores, entre ellos los de las plataformas Salamanca Educa en Libertad, Soria Educa en Libertad y Padres por la Libertad de Valladolid, a los que corresponden los autos conocidos en el día de hoy:

6 Autos corresponden a 7 alumnos de Salamanca.
4 Autos corresponden a 4 alumnos de Valladolid.
3 Autos corresponden a 4 alumnos de Soria.

Ante este claro respaldo de los Tribunales, cuyos autos y sentencias vamos conociendo cada día, las plataformas y asociaciones que respaldan a los padres en Castilla y León esperan que la Junta adopte de forma oficial las medidas necesarias, más allá de simples declaraciones en los medios de comunicación, que acaben con la situación de incertidumbre e indefensión en que se encuentran todavía muchos padres que no han recibido a fecha de hoy ninguna respuesta por parte de la Consejería de Educación.

Desde las plataforma de Salamanca, Valladolid y Soria se recuerda que hasta ahora, en declaraciones a los medios de comunicación, dichos responsables han manifestado su intención de extender la medida a aquellos alumnos a los que se les ha denegado la objeción, sin mencionar nunca a aquellos que no han obtenido respuesta por parte de la Junta. Dicha medida es, de todo punto, insuficiente, puesto que es previsible que a todos aquellos alumnos a los que la Consejería les ha denegado la objeción se les notifique en los próximos días un auto con medidas similares a los de hoy. El problema lo tienen aquellos alumnos cuyos padres no han podido acudir a los tribunales al no haber recibido ninguna respuesta por parte de la Consejería de Educación.
Los padres de SALAMANCA EDUCA EN LIBERTAD, SORIA EDUCA EN LIBERTAD y PADRES POR LA LIBERTAD de Valladolid instamos al Gobierno de la Nación a acabar con esta situación y reconsiderar la imposición de una asignatura que, tal como están reconociendo numerosas Sentencias y Autos de distintos tribunales de toda España, vulnera los derechos fundamentales de los padres, responsables de elegir la formación moral de sus hijos, entre otras cosas porque, tal como dice el TSJ de CyL, “no sólo implica recibir unos determinados conocimientos, sino que se exige del menor que los incorpore a su comportamiento para siempre” y establece como criterio de evaluación “no sólo una asimilación de contenidos sino un determinado comportamiento.”

13 NUEVAS RESOLUCIONES JUDICIALES RESPALDAN A LOS OBJETORES A “EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA”

2008-11-24T22:44:00.000-08:00

Con éstas, son ya 27 las resoluciones favorables a los padres en Castilla y León

Soria, 20 de noviembre de 2008.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma ha dictado 13 nuevos Autos que conceden medidas cautelares, eximiendo a los alumnos afectados de la obligatoriedad de cursar, recibir las enseñanzas y ser evaluados de la materia de Educación para la Ciudadanía de manera provisional, hasta que se dicte sentencia.

Según Francisco José Ramos Vega, letrado del Colegio de Abogados de Salamanca y defensor de numerosos padres objetores, entre ellos los de las plataformas Salamanca Educa en Libertad, Soria Educa en Libertad y Padres por la Libertad de Valladolid, a los que corresponden los autos conocidos en el día de hoy, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, ha comunicado los siguientes Autos:

4 Autos corresponden a 6 alumnos de Salamanca.
4 Autos corresponden a 4 alumnos de Valladolid.
5 Autos corresponden a 5 alumnos de Soria.

Las familias objetoras esperaban esta noticia desde que el Tribunal notificó los primeros autos judiciales concediendo medidas cautelares el pasado 12 de noviembre. Según Ramos Vega es muy probable que en los próximos días sean notificados nuevos autos de medidas cautelares, cuya resolución está aún pendiente.

Según datos facilitados por la asociación Profesionales por la Ética, a fecha de hoy hay 1562 recursos judiciales. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León acumula 251 recursos judiciales presentados por padres objetores, a los que la Junta de Castilla y León ha negado el derecho a objetar a Ciudadanía (denegando o inadmitiendo la objeción de conciencia). Sin embargo, las objeciones presentadas en la comunidad castellanoleonesa superan los 3 000, pero la Consejería de Educación, ante la avalancha de recursos judiciales, se ha negado a responder al resto de padres objetores, hasta que no se hayan dictado las primeras sentencias.

Ante esta situación, desde Soria Educa en Libertad preguntamos a la Ministra de Educación, Mercedes Cabrera, si aún sigue considerando que no existe ningún problema con la implantación de Educación para la Ciudadanía, como declaró el pasado mes de Septiembre.

El movimiento objetor a Ciudadanía en Castilla y León es fruto de la labor de numerosas entidades y plataformas de padres y ciudadanos. Entre ellas destacan las plataformas de padres que han ido surgiendo en Aranda de Duero, Ávila, Burgos, León, Salamanca, Segovia, Soria y Valladolid en defensa de la libertad de los padres a elegir la formación de sus hijos.

Desde Soria Educa en Libertad reiteramos una vez más nuestro compromiso con la defensa de nuestros derechos, con la lucha por la libertad y denunciamos la intromisión ilegítima del Estado en la formación de las conciencias de nuestros hijos.

Invitamos a los padres a informarse y conocer la realidad de Educación para la Ciudadanía y las resoluciones de los Tribunales que reconocen nuestros derechos.

REACCIÓN DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN ANTE EL AUTO DEL TSJ CONCEDIENDO LAS PRIMERAS MEDIDAS CAUTELARES

2008-11-12T14:23:00.000-08:00

La Junta de Castilla y León aplicará la exención provisional en EpC a 106 alumnos

La decisión afecta a todos los alumnos que habrían de cursarla este año y cuyos padres presentaron recurso de reposición.

REDACCIÓN HO y EUROPA PRESS.- La Junta de Castilla y León extenderá la suspensión cautelar acordada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) sobre la obligación de cursar Educación para la Ciudadanía (EpC) a los 106 alumnos de la Comunidad que habrían de estudiar este año el mencionado conjunto de materias y cuyos padres plantearon ante la Administración educativa recurso de reposición.

A través de un comunicado, el Gobierno regional aseguró que la Consejería de Educación no recurrirá los autos notificados y aseguró aceptar la decisión del TSJCyL.

La decisión adoptada por la Consejería de Educación afecta a 106 estudiantes de Castilla y León que cursan este año la asignatura de EpC y cuyas familias han presentado recurso de reposición contra las resoluciones mediante las que se denegaba la objeción de conciencia.

Por otro lado, la Consejería de Educación sigue manteniendo su postura contraria a las asignaturas que, con tres denominaciones diferentes, se imparten en 2.º y 4.º de la ESO y en 1.º de Bachillerato y que han sido implantadas "por imperativo legal" en Castilla y León, aunque "desprovistas de la carga ideológica en sus contenidos, circunstancia que ha motivado que el Gobierno central lo haya recurrido ante los tribunales".

Así mismo, la Consejería de Educación recuerda que siempre ha defendido que EpC "debería haberse consensuado con todos los grupos políticos parlamentarios" y precisó que "dada la polémica y el conflicto" que ha suscitado este grupo de materias, "debe ser el Gobierno de la nación o, en su caso, los tribunales de justicia quienes determinen la legalidad de su obligatoriedad".

Reproducimos seguidamente el texto íntegro de la nota de prensa distribuida por la Dirección de Comunicación del Ejecutivo castellano-leonés.

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Tras el auto del TSJ de CyL que afecta a 16 alumnos, la Consejería de Educación no recurrirá
La Junta extiende la suspensión cautelar de cursar EpC a los 106 alumnos que han presentado recurso de reposición contra la obligatoriedad de la asignatura

La Junta de Castilla y León extenderá el efecto del auto del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que ha suspendido cautelarmente la obligatoriedad de cursar la asignatura de Educación para la Ciudadanía a 16 alumnos, a todos los estudiantes cuyas familias han presentado recurso de reposición contra la obligatoriedad de la asignatura. La Consejería de Educación no recurrirá el auto conocido hoy.

La Consejería de Educación acepta el auto emitido por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
La decisión adoptada por la Consejería de Educación afecta a 106 estudiantes de Castilla y León que cursan en 2008-09 las asignaturas de Ciudadanía y cuyas familias han presentado recurso de reposición contra las resoluciones mediante las que se denegaba la objeción de conciencia.

La Consejería de Educación mantiene su postura contraria a las asignaturas de Ciudadanía que se imparten en 2º y 4º de la ESO y en 1º de Bachillerato, que han sido implantadas por imperativo legal en Castilla y León, aunque desprovistas de la carga ideológica en sus contenidos, circunstancia que ha motivado que el Gobierno central lo haya recurrido ante los tribunales.

La Consejería de Educación ha defendido que la asignatura debería haberse consensuado con todos los grupos políticos parlamentarios y siempre ha mantenido que, dada la polémica y el conflicto que ha suscitado en la sociedad, deben ser el Gobierno de la nación o, en su caso, los tribunales de justicia quienes determinen la legalidad de su obligatoriedad.

¡ÚLTIMAS NOTICIAS!

2008-11-12T07:03:00.000-08:00

EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA Y LEÓN CONCEDE LAS PRIMERAS MEDIDAS CAUTELRES A LOS OBJETORES A "EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA"

12 NUEVAS RESOLUCIONES JUDICIALES RESPALDAN A LOS OBJETORES A CIUDADANIA

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León emite los primeros autos
estimando la pretensión de los padres

Soria, 12 de noviembre de 2008. Los padres objetores a Ciudadanía de Castilla y León están de enhorabuena. Hoy mismo han tenido conocimiento de las primeras resoluciones dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma en relación con su derecho a objetar a este conjunto de asignaturas. Se trata de 12 Autos que conceden medidas cautelares eximiendo a 16 alumnos de la obligatoriedad de cursar, recibir las enseñanzas y de ser evaluados de la materia de Educación para la Ciudadanía de manera provisional, hasta que se dicte sentencia.

Según Francisco José Ramos Vega, letrado del Colegio de Abogados de Salamanca y defensor de numerosos padres objetores, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, ha notificado en el día de hoy los siguientes Autos:

3 Autos corresponden a 4 alumnos de Salamanca.
2 Autos corresponden a 3 alumnos de Valladolid.
5 Autos corresponden a 7 alumnos de Soria.
1 Auto corresponde a 1 alumno de Burgos.
1 Auto corresponde a 1 alumno de Segovia.

Según Ramos Vega, es muy probable que en los próximos días sean notificados nuevos autos de medidas cautelares, cuya resolución está aún pendiente.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León acumula más de 250 recursos judiciales presentados por padres objetores, a los que la Junta de Castilla y León ha negado el derecho a objetar a Ciudadanía (denegando o inadmitiendo la objeción de conciencia). Sin embargo, las objeciones presentadas en la comunidad castellanoleonesa superan los 3 000, pero la Consejería de Educación, ante la avalancha de recursos judiciales, se ha negado a responder al resto de padres objetores, hasta que no se hayan dictado las primera sentencias.

El letrado del Colegio de Abogados de Salamanca explica que, en los autos notificados en el día de hoy, el Tribunal Superior de Justicia con sede en Valladolid aprecia que concurre en el caso periculum in mora ya que, sin prejuzgar el fondo del asunto, lo cierto es que "en la tesitura de un hipotético fallo estimatorio del recurso, de no adoptarse la medida que ahora se solicita perdería, sin género de dudas, su finalidad. Los derechos a la libertad ideológica... y a decidir la formación moral de los hijos/hijas... no admiten una genuina reparación in natura en caso de vulneración, pues ese derecho paterno ya ha sido desconocido por la Administración demandada". Y añaden las resoluciones que, a diferencia de otras, "la superación de esta asignatura no sólo implica recibir unos determinados conocimientos, sino que se exige del menor que los incorpore a su comportamiento para siempre".

Llama la atención que, frente a la defensa de los derechos de los padres a que sus hijos sean educados de acuerdo con sus convicciones morales, la Administración haya alegado, entre las causas por las que se opone a la concesión de esta medida cautelar, el supuesto "perjuicio organizativo y económico general", que no ha sido acreditado. Además, los Magistrados recuerdan a la Consejería que ni siquiera ha contestado a los recursos potestativos de reposición que muchos padres objetores interpusieron.

Con las resoluciones judiciales favorables a los objetores, Castilla y León se suma a los tribunales de Andalucía, Castilla-La Mancha, Aragón y La Rioja: en todas estas comunidades autónomas se han emitido más de 140 resoluciones judiciales favorables a los objetores a Ciudadanía.

El movimiento objetor a Ciudadanía en Castilla y León es fruto de la labor de numerosas entidades y plataformas de padres y ciudadanos. Entre ellas destacan Ávila Educa en Libertad, Burgos Educa en Libertad, León Educa en Libertad, Padres por la Libertad, Palencia Educa en Libertad, Salamanca Educa en Libertad, Segovia por una Educación en Libertad, Soria Educa en Libertad, Foro de la Familia de Castilla y León, Pacto por los Derechos y Libertades de Valladolid.

NUEVA PRESENTACIÓN DE RECURSOS ANTE EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA Y LEÓN

2008-10-26T13:26:00.000-07:00

CONTRA LAS RESOLUCIONES DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DENEGANDO LAS OBJECIONES DE CONCIENCIA FRENTE A “EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA”

Soria, 22 de octubre de 2008

SORIA EDUCA EN LIBERTAD, la plataforma que aglutina a los padres objetores a Educación para la ciudadanía en Soria, ha presentado otros 16 recursos Contencioso-Administrativos ante el Tribunal Superior de Justicia de Castila y León contra las resoluciones de la Junta autonómica denegando el derecho a la objeción de conciencia frente a “Educación para la Ciudadanía”. Dichos recursos corresponden a 23 alumnos de la provincia de Soria.

Los recursos se han presentado por la vía de protección de derechos fundamentales. Este dato es importante ya que la mayor parte de los procedimientos judiciales que se han presentado en toda España ( y que ya se acercan a los mil) han sido admitidos por esta vía puesto que el problema de las asignaturas que conforman el área de Educación para la Ciudadanía es que pretenden formar la conciencia moral de los alumnos al margen de los padres lo cual constituye una violación del artículo 27.3 de la Constitución Española, que garantiza el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones religiosas o filosóficas.

Estos recursos se unen a los que ya ha presentado ante el mismo Tribunal la Plataforma SORIA EDUCA EN LIBERTAD. En total, se han presentado desde Soria, hasta el momento, 70 recursos que corresponden a 103 alumnos. De éstos, 35 proceden de Ágreda, los cuales suponen algo más de la mitad de alumnos, en concreto, 53.

De esta forma, sigue siendo Ágreda la localidad soriana que más se está movilizando en contra de esta asignatura. Sin duda, se debe a que ha sido la población en la que más padres han tenido acceso a una información real sobre los contenidos de Educación para la Ciudadanía recogidos en los Reales Decretos del Ministerio. En la provincia está siendo muy difícil facilitar a los padres esta información, ante la actitud de los colegios e institutos, que están impidiendo organizar charlas informativas en los centros. Otra excepción es el Seminario Diocesano en donde han objetado la totalidad de los padres de los alumnos gracias, nuevamente, a la información dada en diferentes charlas.

SORIA EDUCA EN LIBERTAD lamenta la actitud de la inmensa mayoría de los colegios e institutos de nuestra provincia, tanto públicos como concertados, que siguen sin dar a los padres una información real sobre lo que supone esta asignatura, más allá de supuestos recortes arbitrarios de contenidos y adaptaciones que suponen un incumplimiento de la Ley, y que no sabemos hasta cuándo este Gobierno permitirá, puesto que ya se ha anunciado en numerosas ocasiones que la Inspección actuará allí donde la asignatura se imparta sin ajustarse a los Reales Decretos.

Durante este curso se organizarán nuevas jornadas informativas en la provincia de Soria sobre la realidad de esta asignatura.

NUEVA PRESENTACIÓN DE RECURSOS ANTE EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA Y LEÓN

2008-10-26T13:21:00.000-07:00

CONTRA A LAS RESOLUCIONES DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DENEGANDO LAS OBJECIONES DE CONCIENCIA FRENTE A “EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA”

Soria, 14 de octubre de 2008

SORIA EDUCA EN LIBERTAD, la plataforma que aglutina a los padres objetores a Educación para la ciudadanía en Soria ha presentado hoy, martes, 14 de octubre de 2008, 31 recursos Contencioso-Administrativos ante el Tribunal Superior de Justicia de Castila y León, contra las resoluciones de la Junta de Castilla y León denegando el derecho a la objeción de conciencia frente a “Educación para la Ciudadanía”. Dichos recursos corresponden a 50 alumnos de la provincia de Soria.

Con estos recursos, los padres de Soria continúan su batalla en los tribunales para que éstos reconozcan el derecho que la Junta de Castilla y León no ha respetado. Estos recursos se unen a los que ya han presentado ante el mismo Tribunal las distintas plataformas de objetores de la Comunidad, y que concretamente en Soria ascienden a 54 recursos que corresponden a 80 alumnos.

Los padres prosiguen así su lucha por el respeto de unos derechos recogidos en la Constitución, frente a la intromisión ilegítima del Estado en la formación moral e ideológica de sus hijos.

Soria Educa en Libertad lamenta, una vez más, la postura de la Junta de Castilla y León, que ha estado poniendo obstáculos desde el principio. Dichos obstáculos han impedido que haya más padres que puedan acudir a los Tribunales. Además, esta situación se podría haber evitado si la Administración hubiera tenido en cuenta los 123 fallos judiciales que amparan a los objetores a ciudadanía, como sí ha hecho, por ejemplo, la Comunidad de La Rioja

Los padres reiteran su compromiso de defender a sus hijos hasta el final, dando un ejemplo de democracia, de ciudadanía y de ejercicio de sus derechos, sin dar NI UN PASO ATRÁS en defensa de la libertad.

AVALANCHA DE RECURSOS JUDICIALES EN CASTILLA Y LEÓN

2008-10-03T15:38:00.000-07:00

Las plataformas de objetores de Soria, Salamanca y Valladolid presentan 134 recursos Contencioso-Administrativos

Valladolid, 3 de octubre de 2008.-
Las Plataformas Soria Educa en Libertad, Salamanca Educa en Libertad y Padres por la Libertad de Valladolid han presentado esta misma mañana ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, un total de 133 recursos Contencioso-Administrativos, contra las resoluciones de la Junta de Castilla y León denegando el reconocimiento de las peticiones de objeción de conciencia ante Educación para la Ciudadanía.
Por provincias aparecen desglosados de la siguiente forma:
- 76 recursos de padres de Valladolid, que afectan a un total de 160 alumnos.
- 34 recursos de padres de Salamanca, que afectan a un total de 64 alumnos
- 23 recursos de padres de Soria que afectan a un total de 30 alumnos.
Los portavoces de las 3 plataformas han coincidido en reivindicar el derecho de los padres a educar a sus hijos con arreglo a sus convicciones morales, religiosas o filosóficas, derecho reconocido en nuestra Constitución y en diversas declaraciones de Derechos Humanos. Todos ellos han denunciado que las asignaturas que forman parte de Educación para la Ciudadanía ataca este derecho, y supone una intromisión del Estado en la formación de los hijos
José Sanz, de la plataforma Padres por la Libertad, ha manifestado además el malestar y perplejidad por haber tenido que llegar a esta situación, “los padres nos hemos visto obligados a acudir a la vía judicial pese a existir un gobierno del Partido Popular en esta Comunidad Autónoma que está actuando en contra de lo que la dirección nacional del Partido Popular ha manifestado en varias ocasiones” .
A pesar de esto para Marisa Pérez Toribio, portavoz de la Plataforma Soria Educa en Libertad “ es una gran satisfacción el comprobar que los padres han decidido recurrir porque demuestra su compromiso de defender a sus hijos hasta el final, a pesar de los obstáculos de la Administración”.
Para Lourdes Ruano de la plataforma de Salamanca “los objetores están dando un ejemplo de democracia, de auténtica ciudadanía y de ejercicio de las libertades a toda España, y no van a dar ni un paso atrás en su lucha”.
Todos los portavoces han finalizado su intervención haciendo un llamamiento a los padres y madres para que también objeten y se sumen a los más de 45.500 ciudadanos que ya han presentado su objeción de conciencia.
Para más información:
SORIA EDUCA EN LIBERTAD Marisa Pérez Toribio TF. 617812172
SALAMANCA EDUCA EN LIBERTAD Lourdes Ruano Espina Tf 667 962 842
PADRES POR LA LIBERTAD, VALLADOLID José Sanz Aguilar Tf. 667 12 39 42

LA JUNTA DE CASTILLA DE LEÓN CUMPLE SUS AMENAZAS Y DENIEGA A LOS PADRES EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA

2008-08-01T01:21:00.000-07:00

UNOS PADRES DE ÁGREDA, CON DOS HIJOS, SE CONVIERTEN ASÍ EN LA PRIMERA FAMILIA DE CASTILLA Y LEÓN A LA QUE SE LE DENIEGA EL DERECHO A LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA.

EL GOBIERNO DE CASTILLA Y LEÓN SE APARTA, CON ESTA ACTITUD, DE LA POSTURA EXPRESADA POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL PARTIDO POPULAR, ASÍ COMO DE LAS SENTENCIAS DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA DE LA RIOJA Y DE ANDALUCÍA

Soria, 31 de julio.

A pesar de las 32 sentencias favorables a los padres objetores y del gran número de autos provisionales, en las que se reconoce el derecho a la objeción de conciencia en el caso de el conjunto de asignaturas conocidas genéricamente como “Educación para la Ciudadanía” (tanto en el caso de alumnos que ya están cursando dichas asignaturas, como de alumnos a los que aún no les corresponde cursarla) la Consejería de Educación de Castilla y León ha empezado a enviar a los padres cartas denegándoles dicho derecho.
La orden de denegación viene firmada por el propio Consejero de Educación, Juan José Mateos, quien, en una orden de fecha 16 de Julio resolvió avocarse la competencia para resolver él mismo las declaraciones de objeción de conciencia en Castilla y León. Al declararse competente para decidir sobre la objeción podía, del mismo modo que la ha denegado, haberla aceptado, evitando así a los padres acudir a los tribunales. Podía haberse apoyado, para hacerlo, en las 32 sentencias favorables, especialmente en las de La Rioja, comunidad que se encuentra en una situación idéntica a la de Castilla y León, puesto que los currículos desarrollados por ambas comunidades son prácticamente iguales y en ambos se han recortado los contenidos mínimos del Ministerio de Educación.

El Consejero de La Rioja, tras las recientes sentencias del Tribunal Superior de Justicia que dan la razón a las familias objetoras, así como después de escuchar las opiniones de los colectivos de padres afectados, afirmó el pasado 24 de Julio que admitirá las objeciones de conciencia que se presenten contra el conjunto de asignaturas englobadas bajo la denominación de «Educación para la Ciudadanía» y eximirá a los alumnos de asistir a las clases y de ser evaluados en dichas materias.

En cambio, al Consejero de Educación de Castilla y León, no le han hecho reconsiderar su postura ni las recientes sentencias ni las razones de las familias objetoras, a las que tuvo ocasión de escuchar el pasado 8 de Julio. Podía haber rectificado, pero no ha querido hacerlo.

Y es más, la Consejería ha mostrado, una vez más, su mala fe, al enviar los escritos de denegación para que los padres los reciban en pleno mes de Agosto. Durante todo el curso ha estado engañando a las familias con declaraciones ambiguas y de falso respeto al derecho de los padres, dilatando una resolución que ha adoptado en pleno verano, cuando los representantes de las plataformas le pedimos, en la reunión del pasado 8 de Julio, que, una vez manifestada su decisión firme de denegar la objeción, esperara, al menos, al mes de Septiembre. Al día siguiente de dicha reunión la Consejería envió a los padres cartas certificadas en la que se les solicitaba que presentaran, en el plazo de diez días, distintos documentos compulsados como el libro de familia o un certificado que acredite el centro en el que están escolarizados sus hijos, documentos que ya obran en poder de la administración educativa. Esta actitud de la Junta no supone sólo una falta de respeto a un derecho fundamental de los padres, sino la quiebra del principio de buena fe y confianza legítima que debe presidir la actuación de la Administración (tal como recoge el art. 3 de la Ley 4/1999, de 13 de Enero).

El mismo día que los primeros padres de nuestra comunidad recibían la denegación de su derecho, EUROPA PRESS recogía unas declaraciones del Consejero de Presidencia y portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, en las que asegura que el Gobierno regional afronta con "absoluta normalidad" el próximo curso escolar y volvía a amenazar a los padres insistiendo en que "En los centros se dará la asignatura, si no los estudiantes no podrían acceder a título". No entendemos que el portavoz de la Junta considere una situación de “absoluta normalidad” el que cientos de familias se vean en los tribunales y tengan que enfrentarse a una difícil situación en los centros escolares, puesto que la Junta no ha querido respetar sus derechos fundamentales, cuando podía haberlo hecho apoyándose en sentencias de distintos Tribunales Superiores de Justicia.

Esperamos que Juan José Mateos explique por qué su postura contradice, en todos sus términos, la expresada por la dirección nacional del Partido Popular, partido que gobierna en Castilla y León, expresada, con toda claridad, por Alfonso Alonso y Juan A. Gómez Trinidad el miércoles 21 de mayo, en una rueda de prensa celebrada en el Congreso, así como en el último Congreso de Valencia.

Esperamos también que nos facilite dicha explicación, en persona, el presidente de la Junta de Castilla y León, D. Juan Vicente Herrera, al cual le hemos solicitado las plataformas, a mediados de Julio, una reunión urgente, puesto que, hasta el momento, y a pesar de las solicitudes que le hemos hecho, no ha tenido ocasión de recibirnos y escuchar, en persona, lo que tantas familias de Castilla y León estamos solicitando de la Junta.

Ante esta actitud de la Junta de Castilla y León, a los padres no nos queda más que acudir a los tribunales en defensa de un derecho que el consejero Mateos nos niega. Así lo haremos y llegaremos hasta el final en defensa de nuestra libertad y de nuestro derecho a elegir la formación moral e ideológica de nuestros hijos, impidiendo que este derecho nos sea expropiado por el Estado.

Estamos seguros de que, una vez empezado el curso, las objeciones de conciencia seguirán aumentando en nuestra Comunidad así como en toda España.

Según el Consejero de Educación, Juan José Mateos, la Junta de Castilla y León no reconocerá el derecho a la objeción de conciencia frente a EpC

2008-06-23T13:08:00.000-07:00

De confirmarse oficialmente esta decisión, el Partido Popular de Castilla y León estará contradiciendo las directrices de su partido y dará la espalda a los padres y a la libertad de Educación

Así lo anunció finalmente el Consejero de Educación, Juan José Mateos, al Presidente del Foro de la Familia de Castilla y León, Antón Peña, y al Presidente de Profesionales por la Ética, Jaime Urcelay, en una reunión celebrada el pasado martes 17 de junio y en la que también estuvo presente Emilio Gutiérrez, Director General de Planificación, Ordenación e Inspección Educativa de la misma Consejería.
La Plataforma SORIA EDUCA EN LIBERTAD ha tenido conocimiento del contenido de la citada reunión a través de los presidentes de Profesionales por la Ética y del Foro de la Familia de Castilla y León, asociaciones con las que mantienen una estrecha relación en la defensa de la libertad de los padres a elegir la formación moral de los hijos frente a una intromisión ilegítima del Estado.
El Consejero indicó que la Junta de Castilla y León no reconocerá el derecho a la objeción de conciencia frente a Educación para la Ciudadanía. Asimismo, en dicha reunión, el Consejero anunció que se limitará a asegurar la debida atención educativa de los alumnos objetores, algo a lo que, según los expertos consultados por Profesionales por la Ética, los centros ya están obligados en todo caso mientras los alumnos están en su recinto.
Además de negar la existencia del derecho constitucional a la objeción de conciencia, a pesar de que ya ha sido reconocido en las tres únicas sentencias judiciales existentes sobre este tema, la principal razón esgrimida por Mateos para justificar la decisión de la Junta fue que el currículo de Castilla y León de Educación para la Ciudadanía “ha recortado” los contenidos de los Reales Decretos estatales de contenidos mínimos obligatorios. Por eso, según expresó, la asignatura “ya no puede hacer daño moral”. En este sentido, dijo que en Castilla y León, por ejemplo, no podrá enseñarse la doctrina sobre el género y vigilarán para que esto se cumpla. Sin embargo reconoció que en las alegaciones al requerimiento del Ministerio para que el currículo castellano-leonés se ajustara a los contenidos mínimos obligatorios de la asignatura, la Junta se defendió afirmando que en realidad sólo había diferencias de redacción porque la totalidad de los contenidos de los Reales Decretos estatales “están implícitos” en el currículo de Castilla y León. El Consejero expresó también que no le preocupa que el currículo esté recurrido por el Ministerio en los tribunales de justicia y asumió que pueda ser declarado ilegal pues, según afirmó, “eso sería un problema de la Junta y no de los padres”.
Desde la plataforma SORIA EDUCA EN LIBERTAD afirmamos que esta supuesta vigilancia para evitar este tipo de contenidos no se está llevando a cabo, puesto que los libros de texto que ya están llegando a los centros de nuestra Comunidad son los mismos que se están utilizando en el resto de Comunidades y sus contenidos se ajustan a los contenidos marcados por el Ministerio de Educación, y no al currículo modificado, al menos en su redacción, por la Junta de Castilla y León.
Mateos reiteró también que la Junta no puede garantizar la titulación de los alumnos objetores y negó, sin base argumental alguna, que sea aplicable a Educación para la Ciudadanía la Orden de noviembre de 2007, de la propia Consejería, sobre evaluación en la ESO. Esta Orden permite expresamente que la Consejería de Educación establezca las normas correspondientes que permitan a los centros establecer medidas educativas complementarias para que los alumnos que hayan dejado de cursar alguna materia puedan alcanzar los objetivos de la misma.
Por último, el Consejero expresó que, más allá de la voluntad de los padres, la Junta quiere proteger a los niños, a los que se puede hacer daño con la objeción. En este sentido, afirmó que los Servicios Jurídicos de la Consejería han llegado a estudiar la posibilidad de obligar a los padres a firmar un “consentimiento informado”, como ocurre en las intervenciones médicas. El Consejero se adhiere así a los postulados del Gobierno que entienden que la Educación corresponde al Estado y, subsidiariamente, a los padres, contradiciendo así las normas básicas de la democracia.
Con esta postura, el Consejero de Educación se aparta de la posición adoptada por el Partido Popular en el Congreso Nacional celebrado el pasado fin de semana en Valencia. Concretamente, el texto acordado en la Comisión Política asegura que "es necesario dar una solución satisfactoria a las numerosas familias que han expresado fundamentalmente graves reparos de conciencia respecto a los planteamientos y contenidos de dicha asignatura, ya que hay que respetar plenamente los derechos que asisten a los padres en relación con la formación", tal como aparece en el artículo 27.3 de la Constitución. En dicha ponencia se señala también que esta materia es "un instrumento de adoctrinamiento" y de "manipulación ideológica incompatible con la exigencia de un Estado democrático".
Se trata, además, de una postura incoherente que choca frontalmente con las declaraciones realizadas en numerosas ocasiones por distintos responsables de la Junta, entre ellos su máximo representante, Juan Vicente Herrera, quien ha manifestado, tal como aparece recogido en los medios de comunicación, que las administraciones públicas “deben reconocer” el derecho a la objeción de conciencia.

Desde nuestra plataforma reclamamos, una vez más, el respeto de nuestro derecho constitucional a la objeción de conciencia por parte de las administraciones, y el cumplimiento pleno del artículo 27.3 de la Constitución Española, que declara el derecho de los padres a educar a sus hijos de acuerdo con sus convicciones morales y filosóficas.
Ante el interés mostrado por el Consejero de Educación de proteger a los alumnos, desde SORIA EDUCA EN LIBERTAD instamos a Juan José Mateos a que demuestre ese interés respetando escrupulosamente el derecho a la objeción de conciencia, sin que el mismo tenga consecuencias negativas para éstos, algo que puede hacer en el uso de sus competencias.
Lamentamos profundamente que el Consejero de Educación haya hecho perder el tiempo a los padres y les haya mareado con declaraciones ambiguas e incoherentes en los medios de comunicación para ahora, una vez finalizado el curso escolar, manifestar su postura, que no difiere en absoluto de la expresada a nuestra plataforma el pasado mes de marzo, lo que nos hace pensar que nunca ha tenido voluntad de hacer algo distinto a lo que ahora ha expresado con tanta claridad.
En vista de que la postura manifestada con toda firmeza por el Consejero de Educación se aparta radicalmente de la postura oficial del Partido Popular, que gobierna en Castilla y León, las distintas plataformas de la Comunidad hemos solicitado conjuntamente una entrevista urgente con el presidente de la Junta para que nos aclare esta situación. Ante la gravedad de la misma esperamos una rápida respuesta por parte de Juan Vicente Herrera.

PRESENTACIÓN OBJECIONES

2008-06-17T17:09:00.000-07:00

PRESENTACIÓN DE OBJECIONES DE CONCIENCIA FRENTE A LA ASIGNATURA “EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA”

Soria, 16 de Junio de 2008

El próximo miércoles 18 de Junio, la Plataforma SORIA EDUCA EN LIBERTAD presentará a las 11:00h, ante la Dirección Provincial de Educación, un número importante de objeciones de conciencia frente a la asignatura de “Educación para la Ciudadanía”.

Dichas objeciones provienen tanto de centros públicos como concertados y privados de distintas localidades de la provincia.
El número de objeciones sigue aumentando de una manera importante, a pesar de las dificultades encontradas para ofrecer información tanto en los centros concertados como en los públicos.

CEAPA pretende que la Fiscalía persiga a los objetores

2008-06-17T17:04:00.000-07:00

Soria, 18 de junio.

La Confederación Española de Padres de Alumnos (CEAPA), organización laicista de padres de la escuela pública, ha pedido que los centros escolares informen a la Fiscalía de Menores de los casos de objeción a ‘Educación para la ciudadanía', con el fin de que los hijos de los objetores sean declarados absentistas. Además, CEAPA recuerda que la Fiscalía de Menores deberá intervenir para acusar a los padres objetores a EpC de no escolarizar a sus hijos.
Soria Educa en Libertad recuerda que la propia CEAPA, en abril de 2003, se opuso radicalmente a la asignatura ‘Sociedad, Cultura y Religión’, una materia cuya regulación quedaba fijada en la disposición adicional primera de la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE):
"El área o asignatura de Sociedad, Cultura y Religión comprenderá dos opciones de desarrollo: una, de carácter confesional, acorde con la confesión por la que opten los padres o, en su caso, los alumnos, entre aquellas respecto de cuya enseñanza el Estado tenga suscritos acuerdos; otra, de carácter no confesional. Ambas opciones serán de oferta obligatoria por los centros, debiendo elegir los alumnos una de ellas".
En una nota difundida entonces (que adjuntamos), CEAPA indicaba que tenía previsto presentar recurso de amparo y de ilegalidad contra la asignatura ‘Sociedad, Cultura y Religión’. "Mientras se consigue la legalidad jurídica y constitucional", manifestaba CEAPA, "recomendamos a las familias que no acepten esta alternativa y que sus hijos NO entren a clase de ‘Sociedad, Cultura y Religión’". También añadía el comunicado que "tienen toda la legitimidad y el derecho constitucional de su lado, pues no ha de repercutir en las evaluaciones ni en la marcha general del resto de áreas".
En marzo del 2008 (según recogió la agencia EUROPA PRESS) el entonces vicepresidente de CEAPA, Pedro Rascón, aseguró que es "muy peligroso" que una Administración Pública "llame a la rebelión contra una ley" refiriéndose a la decisión de la Comunidad de Madrid de aceptar la objeción de conciencia a Educación para la Ciudadanía.
La misma organización que en su momento defendió la inasistencia a clase ante la implantación de la asignatura ‘Sociedad, Cultura y Religión’ (propuesta por la LOCE) ahora, bajo el gobierno del PSOE, no solamente no defiende la libertad de los padres que han ejercido su derecho a la objeción de conciencia frente a ‘Educación para la Ciudadanía’, sino que pide que intervenga la Fiscalía de Menores y que actúe contra los padres, mostrando una actitud absolutamente intolerante e incitando al Estado a perseguir a aquellos que piensan distinto.
Aunque resulte paradójico, CEAPA dice tener entre sus objetivos, el de conseguir "una escuela laica, donde el adoctrinamiento esté totalmente desterrado, y en particular la educación financiada con fondos públicos", así como “Que la actividad educativa forme en el respeto a los derechos y libertades fundamentales, en los valores de la paz y solidaridad y en el ejercicio de la tolerancia y la libertad”.
Para los miembros de la plataforma Soria Educa en Libertad es incomprensible la actitud mostrada por CEAPA en su defensa de la asignatura ‘Educación para la Ciudadanía’, conociendo las declaraciones que sus responsables han realizado y las posturas que han adoptado en otras ocasiones, hechos que sólo se puede entender desde la gran identificación de CEAPA con el actual Gobierno. Del mismo modo resulta absolutamente incoherente que no sean capaces de entender, o al menos de respetar, la postura de los padres que objetan por motivos de conciencia , acogiéndose al ejercicio de un derecho fundamental recogido en la legalidad nacional e internacional, cuando entre sus objetivos se encuentra precisamente formar en el “respeto a los derechos y libertades fundamentales”.
Es interesante señalar que de las objeciones presentadas hasta el momento en Soria, el 80% corresponden a padres cuyos hijos estudian en la escuela pública; padres que, supuestamente, están representados por CEAPA, la misma organización que está instando a la Fiscalía de Menores a que intervenga contra ellos.
Desde aquí invitamos a todos los padres de la escuela pública a informarse sobre los objetivos que defiende CEAPA para comprobar si la Confederación Española de Padres de Alumnos a la que pertenece el AMPA de su colegio defiende realmente sus objetivos y sus intereses.

RUEDA DE PRENSA 9 junio 2008

2008-06-11T14:25:00.000-07:00

LOS OBJETORES A EPC EXIGEN QUE LA JUNTA RESPETE SUS DERECHOS DE MANERA EFECTIVA

Valladolid, 9 de junio. En el contexto de la polémica suscitada por la asignatura Educación para la Ciudadanía y tras las últimas declaraciones realizadas por el consejero de Educación de Castilla y León, hoy han comparecido en Valladolid representantes de las 8 plataformas ciudadanas que promueven la objeción frente a Educación para la Ciudadanía en Castilla y León. En Castilla y León, la asignatura Educación para la Ciudadanía se implantará en el curso 2008-2009 en 2º y 4º de ESO; en este último curso, la asignatura se llamará Educación Ético-Cívica. En 1º de Bachillerato también se implanta pero con la denominación Filosofía y Ciudadanía. Ante este panorama, los padres castellanoleonoses se han movilizado formando plataformas cívicas (Salamanca Educa en Libertad, Padres por la Líbertad, León Educa en Libertad, Burgos Educa en Libertad, Palencia Educa en Libertad, Soria Educa en Libertad, Segovia Por Una Educación en Libertad, Zamora Educa en Libertad 27.3) que informan a los padres y promueven su derecho a objetar frente a una asignatura que, según los reales decretos que la definen, se propone formar la conciencia moral de los alumnos. Los representantes de las plataformas han querido informar a los medios de comunicación sobre la objeción de conciencia en Castilla y León y responder además a las últimas declaraciones realizadas por el consejero de Educación en relación con este asunto. En la rueda de prensa celebrada hoy ha intervenido Lourdes Ruano Espina, en representación de Salamanca Educa en Libertad, quien ha recordado que Educación para la Ciudadanía (EpC) ha sido impuesta sin el consenso de la comunidad educativa y ha creado una innecesaria fractura social y jurídica. Ruano ha asegurado que tanto los reales decretos en los que el Gobierno ha establecido los contenidos mínimos de esta materia como los libros de texto evidencian que EpC impone una formación moral a los escolares y esa formación está apoyada en una ideología y antropología concretas. 'El primer aspecto preocupante de esta asignatura', ha afirmado, 'es que el Gobierno se erige en competente para formar la conciencia moral de los escolares españoles. El hecho de que el Gobierno de una sociedad democrática se atribuya este derecho es incompatible con la libertad y el pluralismo y entra en conflicto con los artículos 27.3.y 16.1. de la Constitución Española , que garantizan el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones y el respeto a la libertad ideológica y de conciencia'. Lourdes Ruano ha citado también la jurisprudencia nacional e internacional (como la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos) que reconoce el derecho de los padres a educar a sus hijos y ha defendido la objeción de conciencia de los padres como la medida más eficaz para defender sus derechos constitucionales.Por último, la representante de Salamanca Educa en Libertad ha recordado que en España, a fecha de hoy, se han presentado 35 029 objeciones a EpC y en Castilla y León 2 114, repartidas de esta forma:
Ávila: 19; Burgos: 550; León: 130; Palencia; 92; Salamanca: 425; Segovia: 51; Soria: 202; Valladolid: 583; Zamora 62.
A continuación, Marisa Pérez Toribio, de la Plataforma Soria Educa en Libertad, ha expuesto cual ha sido la reacción de la Junta de Castilla y León respecto a EpC y los objetores. En este sentido, ha valorado la evolución del consejero en el sentido de reconocer la libertad de los padres para objetar. 'Apreciamos también la declaración del Partido Popular, a través de su portavoz de Educación, Juan Antonio Gómez Trinidad, de apoyar a los objetores a la asignatura'. Sin embargo Pérez Toribio ha manifestado que las declaraciones resultan claramente insuficientes y ha manifestado que 'para los padres es absolutamente irrenunciable el reconocimiento de la Junta del derecho constitucional a la objeción de conciencia en relación con EpC'. En ese sentido,Marisa Pérez, ha contestado a los argumentos esgrimidos por el consejero de Educación de Castilla y León para no admitir las objeciones de conciencia de los padres. Así, la Junta ha asegurado que EpC en su versión castellanoleonesa ha sido depurada de sus aspectos ideológicos y moralizantes, argumento que, en opinión de los padres objetores, no elimina el propósito esencial de la asignatura de formar moralmente a los alumnos; además, esos contenidos pueden ser modificados desde el Gobierno central o autonómico en un simple Consejo de Ministros o Consejo de Gobierno'.

El representante de la Plataforma de Soria también ha rechazado otros argumentos manifestados por la Consejería de Educación como que la Junta no es competente para regular la objeción de conciencia o no podrá garantizar la titulación de los hijos de los objetores. 'Existen mecanismos administrativos legales que permiten la exención de los alumnos y más si es en cumplimiento de un derecho fundamental como el de la objeción de conciencia. Solamente se necesita voluntad política y respeto efectivo por las libertades, de hecho En el punto 15 del art. 8 de la orden de educación 1952/2007, de 29 de Noviembre publicada en el B.O.C. y L. Nº237 del 7 de Diciembre de 2007, por el que se regula la evaluación en E.S.O., se contempla esta posibilidad.'. Finalmente, Aurelio García, de la Plataforma León Educa Libertad, en nombre de los objetores castellanoleoneses, ha solicitado al Gobierno central la retirada de la asignatura tal como está configurada por los reales decretos de contenidos mínimos asumiendo que el planteamiento de la asignatura ha sido equivocado. Otra propuesta de los padres objetores es que la asignatura sea sustituida por el estudio de la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía y la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. 'De esta manera', ha asegurado, 'se podría recuperar el consenso en un ámbito tan importante como el de la educación'.

Las plataformas castellanoleonesas han exigido a la Junta de Castilla y León que permitan que en los centros escolares se informe a los padres del derecho a objetar y se elimine cualquier obstáculo (amenaza, presión o coacción) que impida ejercer ese derecho constitucional. 'La Junta', han manifestado, 'debe ser plenamente coherente con la postura oficial de su partido y debe reconocer el derecho a la objeción de conciencia de los padres con todas sus consecuencias. No nos negamos a que exista una asignatura evaluable alternativa siempre y cuando sea respetuosa con los derechos de los padres y no tenga un propósito adoctrinador'.

Por último, los representantes de las plataformas cívicas han coincidido en que las objeciones a EpC se multiplicarán en las próximas semanas y en septiembre ya que los padres castellanoleoneses aún están muy desinformados sobre el carácter ideológico y moralizante de esta asignatura obligatoria.

Se adjunta gráfico de las objeciones presentadas en Castilla y León así como una foto de la rueda de prensa.

soriaeducaenlibertad@yahoo.es

617 812 172 Mª Luisa Pérez Toribio

SORIA EDUCA EN LIBERTAD, www.soriaeducaenlibertad.com

NOTA DE PRENSA 15 de mayo 2008

2008-05-18T02:14:00.000-07:00

INCOHERENTE POSTURA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN RESPECTO A LA
OBJECIÓN DE CONCIENCIA
A EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA

En Castilla y León no se va a respetar el derecho fundamental a la objeción de conciencia

Soria, 16 de mayo.

El Consejero de Presidencia y Portavoz de la Junta de Castilla y León declaró ayer ante los medios de comunicación que en esta comunidad autónoma no se aceptarán las objeciones de conciencia a la asignatura Educación para la Ciudadanía (EpC).

Con esta actitud intransigente, la Junta de Castilla y León se pone al lado de los gobiernos de comunidades autónomas como Asturias, Andalucía o Castilla la Mancha, gobernadas por el PSOE, comunidades en las que no solamente se está ignorando este derecho constitucional de los padres sino que además se está amenazando a los objetores de esta polémica asignatura.

Sorprenden estas declaraciones cuando los responsables de las Junta han manifestado, en múltiples ocasiones y ante los medios de comunicación, su postura respecto a la imposición de esta asignatura de carácter adoctrinador. Nos parece oportuno recuperar ahora algunas de estas declaraciones:

· El Norte de Castilla de fecha 26 de julio de 2007 recoge unas declaraciones del Consejero de Educación, Juan José Mateos, en las cuales manifestaba que la asignatura “tiene mucha doctrina, por eso su estudio le corresponde decidir a los padres de los alumnos, según consta en la Constitución».
· En el mismo sentido se expresaba el Viceconsejero de Educación, Fernando Sánchez Pascuala, en declaraciones recogidas por El Diario de León de fecha 30 de marzo del 2008. Según recoge dicho diario, el viceconsejero criticó el carácter «ideologizante» de la controvertida asignatura en concreto, y aseguró que muchos de sus contenidos «entran en conflicto con la libertad de muchos de los padres de los escolares», por lo que propuso que tenga carácter optativo para que las familias «puedan decidir, si sus hijos la reciben o no, al igual que se hace en la asignatura de religión».
· El propio Juan Vicente Herrera reconoció en declaraciones hechas a los periodistas, según consta en noticias publicadas por la agencia EFE el 18 de marzo de 2008 que “vamos a cumplir la ley, pero vamos a ser extraordinariamente sensibles con los aspectos que nos están diciendo los padres, en relación a su derecho y a su libertad" sobre la educación de sus hijos. Ante los mismos periodistas declaró, según recoge la agencia EFE en la misma noticia que, a su juicio, las administraciones públicas "deben reconocer" ese derecho (refiriéndose a la objeción de conciencia.)

Ante estas declaraciones, los padres objetores confiábamos en que la Junta respetara nuestro derecho a la objeción de conciencia y esperábamos que regulara de alguna forma su ejercicio frente a esta asignatura, evitándonos así acudir a los tribunales en defensa de nuestros derechos fundamentales.

El portavoz de la Junta, en las declaraciones realizadas hoy ante los medios, ha lanzado una amenaza a los padres objetores, como ya hiciera el Consejero de Educación en su reunión con los representantes de la plataforma SORIA EDUCA EN LIBERTAD el pasado mes de marzo, al indicar que la objeción de conciencia a la asignatura va a suponer el suspenso para los hijos de padres objetores. Ante tales amenazas, desde la plataforma queremos recordar que existen sentencias favorables del TSJA, en las que se recuerda que el derecho a la objeción de conciencia está contemplado en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Dichas sentencias reconocen este derecho y recogen en su fallo que los hijos de los demandantes, quienes interpusieron un recurso contra una resolución de la Junta de Andalucía que rechazaba tales objeciones, no deben cursar la asignatura quedando exentos de ser evaluados de la misma.

Lamentamos la decisión adoptada por la Junta de Castilla y León y anunciamos que, una vez que dicha decisión se haya materializado en un escrito en el que se rechace la objeción presentada por los padres, acudiremos a los tribunales en defensa de nuestros derechos fundamentales.

En los últimos meses, y ante la inminente implantación de EPC, en la comunidad castellanoleonesa se han constituido, al igual que se ha hecho en Soria, plataformas de padres objetores a EpC en León, Salamanca, Valladolid, Palencia, Burgos, Valladolid y Segovia.

A seis meses de la implantación de EpC en Castilla y León, las plataformas tienen constancia de que se han registrado, al menos, 1 744 objeciones. En las últimas semanas, las objeciones se están presentando masivamente. Así, ayer mismo la Plataforma Palencia Educa en Libertad se presentó a los medios de comunicación comunicando que ya habían presentado 80 nuevas objeciones correspondientes a centros concertados y públicos y la plataforma Padres por la Libertad, de Valladolid, presentaba 205 nuevas objeciones de padres que se oponen a que sus hijos reciban EPC.

Por provincias, en Valladolid se han presentado al menos 583 objeciones; en Burgos, 550; en Salamanca, 209; en Soria, 202; en León, 130; en Palencia, 94; en Segovia, 36; en Zamora, 12 y en Ávila 10. Según Leonor Tamayo, coordinadora de la campaña de objeción a EpC de PROFESIONALES POR LA ÉTICA, “estas cifras siempre son menores que las reales ya que muchos padres objetan sin notificarlo a las plataformas y asociaciones promotoras de la objeción”.
Los padres objetores de Castilla y León, al igual que los de toda España, reclamamos nuestro derecho constitucional a la objeción de conciencia, el respeto de dicho derecho por parte de las administraciones, y el cumplimiento pleno del artículo 27.3 de la Constitución Española, que declara el derecho de los padres a educar a sus hijos de acuerdo con sus convicciones morales y filosóficas.

El Consejero de Presidencia ha argumentado que no caben las objeciones a EPC en Castilla y León porque en nuestra comunidad se ha desarrollado un currículum del que se han suprimidos los contenidos ideológicos. Hay que recordar, una vez más, que Castilla y León se enfrenta a un recurso contencioso-administrativo interpuesto por el MEC, debido a que el Ministerio entiende que el desarrollo curricular vulnera aspectos del Real Decreto de enseñanzas mínimas.

La formación moral de nuestros hijos no puede estar en manos del gobierno de turno. No podemos estar a expensas de que los responsables del gobierno, ya sea nacional o autonómico, decidan suprimir o no los contenidos ideológicos de esta materia, porque los gobiernos cambian y la educación debe quedar siempre libre de adoctrinamiento, sea éste del signo que sea. No es solo una cuestión de contenidos sino de LIBERTAD.

La plataforma SORIA EDUCA EN LIBERTAD, envió una carta a Mariano Rajoy, solicitando un criterio único, acorde con los derechos fundamentales, en todos los territorios en los que gobierna el Partido Popular, así como que en las comunidades autónomas en las que gobierna el Partido Popular se respeten escrupulosamente los derechos de los padres objetores, tal como se comprometió a hacer antes de las elecciones. Sabemos que otras asociaciones y plataformas de Castilla y León y del resto de comunidades han dirigido al presidente del Partido Popular cartas en el mismo sentido.

Estamos seguros de que esta postura adoptada por la Junta de Castilla y León no hará más que intensificar el movimiento de los padres en defensa de nuestros derechos, y estamos convencidos de que las objeciones frente a esta asignatura van a multiplicarse.

Se adjunta gráfico con los datos de objeciones en Castilla y León y por Comunidades Autónomas.

PARA MÁS INFORMACIÓN

soriaeducaenlibertad@yahoo.es

617 812 172 Mª Luisa Pérez Toribio

SORIA EDUCA EN LIBERTAD, www.soriaeducaenlibertad.com

COMUNICADO DE PRENSA

2008-05-17T15:44:00.000-07:00

PRESENTACIÓN DE LA PLATAFORMA 7 de febrero 2008

COMUNICADO:

Buenos días y muchas gracias por vuestra asistencia.
Os hemos convocado hoy aquí para presentar oficialmente a los medios de comunicación y a la sociedad, una iniciativa que un grupo de padres de Soria, muy preocupados por la educación de nuestros hijos, hemos decidido poner en marcha.
SORIA EDUCA EN LIBERTAD nace en defensa de la libertad en la educación y en defensa del derecho irrenunciable e intransferible de los padres a elegir la educación de sus hijos.
Somos una plataforma civil, aconfesional y no vinculada a ningún partido político, formada mayoritariamente por padres y madres de familia cuyos hijos cursan estudios tanto en centros públicos como en centros concertados.
En nuestra comunidad autónoma empezará a impartirse el próximo curso la asignatura de Educación para la ciudadanía. Por ello creemos que es el momento adecuado para tener claras las cosas y actuar en consecuencia.
Esta Plataforma se integra dentro de la campaña TUS HIJOS, TU DECISIÓN, que defiende la Objeción de Conciencia frente a la asignatura denominada genéricamente “Educación para la Ciudadanía”. Se trata de una campaña que apoyan más de cuarenta asociaciones de toda España, entre ellas Profesionales por la Ética, cuyo coordinador de la asesoría jurídica, José Luis Bazán, nos acompaña hoy aquí.
Desde que surgieron las primeras informaciones sobre la asignatura hemos estado informándonos y siguiendo el desarrollo de la misma hasta su implantación en este curso en algunas comunidades. Tras analizar los Reales Decretos y las normas autonómicas que regulan su estructura, contenidos, objetivos y criterios de evaluación, consideramos que gran parte de ellos son contrarios a los valores en los que queremos educar a nuestros hijos
La imposición de la asignatura, tal como está planteada en España, supone una intromisión intolerable en el derecho constitucional de los padres a educar a nuestros hijos conforme a nuestras convicciones morales, tal como recoge el artículo 27.3 de la Constitución, según el cual: “Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. En idéntico sentido se tutela el mencionado derecho en otros tantos textos internacionales, como el artículo 26.3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Artículo 14.3 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales, o el Artículo 2 del Protocolo I del Convenio Europeo de Derecho Humanos, entre otros.
Es más, consideramos que el Estado, desoyendo todas las voces que durante el proceso de desarrollo de la asignatura se opusieron a la misma tal como se estaba planteando, incluido los dictámenes en contra del propio Consejo de Estado, y con su imposición en estos términos, está tratando de expropiar a los padres la responsabilidad y el derecho a la educación de nuestros hijos. Mediante esta asignatura el Estado busca apropiarse de la formación de las conciencias.
Por estas razones hemos creado esta Plataforma en Soria. El objetivo de la misma, como ya hemos dicho, es defender la libertad de los padres a educar a nuestros hijos según nuestras propias convicciones, y no dejar la formación de la conciencia moral de nuestros hijos en manos del Gobierno de turno. Hay demasiadas evidencias de que esta materia puede convertirse, y de hecho así está siendo en aquellas comunidades en que ya se está implantando, en un instrumento de manipulación ideológica y adoctrinamiento por parte del Estado, que quiere convertirse en formador moral de los niños y jóvenes, imponiendo a todos ellos una visión ideológica de la persona y de la vida. Defender la conciencia de nuestros hijos es una responsabilidad a la que los padres no podemos renunciar.
Pero más allá de los contenidos concretos, lo grave y preocupante de esta asignatura obligatoria, evaluable y computable, es que pretende, tal como indica el propio Ministerio de Educación, “ayudar a los alumnos a construirse una conciencia moral”, algo que, indudablemente, no le compete.
Ante la gravedad de esta situación, los padres tenemos el derecho y la responsabilidad de impedir ese intento de adoctrinamiento, y defender a nuestros hijos para que no se les imponga una orientación moral determinada que lesiona nuestras convicciones.
Dado que, actualmente, la asignatura es obligatoria por mandato legal, y tras analizar las diferentes opciones, el único recurso inmediato en manos de los padres para ejercer nuestros derechos a la libertad de educación y a la libertad ideológica, es ejercer nuestro derecho a la objeción de conciencia. El derecho a la objeción de conciencia es, en este momento, el instrumento legal más adecuado para defender nuestro derecho como padres a la libertad de educación e impedir la manipulación ideológica de nuestros hijos, evitando así que asistan a las clases de esta asignatura. Se trata de un derecho constitucional que las autoridades educativas están obligadas a respetar, y que, en un Estado de Derecho, no puede suponer ningún perjuicio para nadie.
Ejercitando el derecho a la objeción de conciencia, optamos por la defensa de nuestros hijos.
En toda España se han presentado más de 22.000 objeciones, y concretamente en Soria se han presentado ya 20 objeciones de conciencia frente a dicha asignatura en varios colegios, tanto públicos como concertados. Desde aquí animamos a más padres a que, en el ejercicio de su libertad, se sumen a esta iniciativa y presenten la objeción de conciencia por sus hijos.
Nuestra plataforma va a iniciar una campaña de información. Asimismo, ofrecemos apoyo y asesoramiento jurídico gratuito, respaldados por Profesionales por la Ética, a todos aquellos padres que opten por ejercitar su derecho a la objeción de conciencia. Estamos ante un gran reto, y es mucho lo que está en juego. Los padres no podemos permitir que nadie nos quite la libertad de educar a nuestros hijos. Es la hora de la responsabilidad y del compromiso de los padres.
Reiteramos las gracias por vuestra asistencia y estamos a vuestra entera disposición.
Muchas gracias.