UNOS PADRES DE ÁGREDA, CON DOS HIJOS, SE CONVIERTEN ASÍ EN LA PRIMERA FAMILIA DE CASTILLA Y LEÓN A LA QUE SE LE DENIEGA EL DERECHO A LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA.
EL GOBIERNO DE CASTILLA Y LEÓN SE APARTA, CON ESTA ACTITUD, DE LA POSTURA EXPRESADA POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL PARTIDO POPULAR, ASÍ COMO DE LAS SENTENCIAS DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA DE LA RIOJA Y DE ANDALUCÍA
Soria, 31 de julio.
A pesar de las 32 sentencias favorables a los padres objetores y del gran número de autos provisionales, en las que se reconoce el derecho a la objeción de conciencia en el caso de el conjunto de asignaturas conocidas genéricamente como “Educación para la Ciudadanía” (tanto en el caso de alumnos que ya están cursando dichas asignaturas, como de alumnos a los que aún no les corresponde cursarla) la Consejería de Educación de Castilla y León ha empezado a enviar a los padres cartas denegándoles dicho derecho.
La orden de denegación viene firmada por el propio Consejero de Educación, Juan José Mateos, quien, en una orden de fecha 16 de Julio resolvió avocarse la competencia para resolver él mismo las declaraciones de objeción de conciencia en Castilla y León. Al declararse competente para decidir sobre la objeción podía, del mismo modo que la ha denegado, haberla aceptado, evitando así a los padres acudir a los tribunales. Podía haberse apoyado, para hacerlo, en las 32 sentencias favorables, especialmente en las de La Rioja, comunidad que se encuentra en una situación idéntica a la de Castilla y León, puesto que los currículos desarrollados por ambas comunidades son prácticamente iguales y en ambos se han recortado los contenidos mínimos del Ministerio de Educación.
El Consejero de La Rioja, tras las recientes sentencias del Tribunal Superior de Justicia que dan la razón a las familias objetoras, así como después de escuchar las opiniones de los colectivos de padres afectados, afirmó el pasado 24 de Julio que admitirá las objeciones de conciencia que se presenten contra el conjunto de asignaturas englobadas bajo la denominación de «Educación para la Ciudadanía» y eximirá a los alumnos de asistir a las clases y de ser evaluados en dichas materias.
En cambio, al Consejero de Educación de Castilla y León, no le han hecho reconsiderar su postura ni las recientes sentencias ni las razones de las familias objetoras, a las que tuvo ocasión de escuchar el pasado 8 de Julio. Podía haber rectificado, pero no ha querido hacerlo.
Y es más, la Consejería ha mostrado, una vez más, su mala fe, al enviar los escritos de denegación para que los padres los reciban en pleno mes de Agosto. Durante todo el curso ha estado engañando a las familias con declaraciones ambiguas y de falso respeto al derecho de los padres, dilatando una resolución que ha adoptado en pleno verano, cuando los representantes de las plataformas le pedimos, en la reunión del pasado 8 de Julio, que, una vez manifestada su decisión firme de denegar la objeción, esperara, al menos, al mes de Septiembre. Al día siguiente de dicha reunión la Consejería envió a los padres cartas certificadas en la que se les solicitaba que presentaran, en el plazo de diez días, distintos documentos compulsados como el libro de familia o un certificado que acredite el centro en el que están escolarizados sus hijos, documentos que ya obran en poder de la administración educativa. Esta actitud de la Junta no supone sólo una falta de respeto a un derecho fundamental de los padres, sino la quiebra del principio de buena fe y confianza legítima que debe presidir la actuación de la Administración (tal como recoge el art. 3 de la Ley 4/1999, de 13 de Enero).
El mismo día que los primeros padres de nuestra comunidad recibían la denegación de su derecho, EUROPA PRESS recogía unas declaraciones del Consejero de Presidencia y portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, en las que asegura que el Gobierno regional afronta con "absoluta normalidad" el próximo curso escolar y volvía a amenazar a los padres insistiendo en que "En los centros se dará la asignatura, si no los estudiantes no podrían acceder a título". No entendemos que el portavoz de la Junta considere una situación de “absoluta normalidad” el que cientos de familias se vean en los tribunales y tengan que enfrentarse a una difícil situación en los centros escolares, puesto que la Junta no ha querido respetar sus derechos fundamentales, cuando podía haberlo hecho apoyándose en sentencias de distintos Tribunales Superiores de Justicia.
Esperamos que Juan José Mateos explique por qué su postura contradice, en todos sus términos, la expresada por la dirección nacional del Partido Popular, partido que gobierna en Castilla y León, expresada, con toda claridad, por Alfonso Alonso y Juan A. Gómez Trinidad el miércoles 21 de mayo, en una rueda de prensa celebrada en el Congreso, así como en el último Congreso de Valencia.
Esperamos también que nos facilite dicha explicación, en persona, el presidente de la Junta de Castilla y León, D. Juan Vicente Herrera, al cual le hemos solicitado las plataformas, a mediados de Julio, una reunión urgente, puesto que, hasta el momento, y a pesar de las solicitudes que le hemos hecho, no ha tenido ocasión de recibirnos y escuchar, en persona, lo que tantas familias de Castilla y León estamos solicitando de la Junta.
Ante esta actitud de la Junta de Castilla y León, a los padres no nos queda más que acudir a los tribunales en defensa de un derecho que el consejero Mateos nos niega. Así lo haremos y llegaremos hasta el final en defensa de nuestra libertad y de nuestro derecho a elegir la formación moral e ideológica de nuestros hijos, impidiendo que este derecho nos sea expropiado por el Estado.
Estamos seguros de que, una vez empezado el curso, las objeciones de conciencia seguirán aumentando en nuestra Comunidad así como en toda España.
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