NOTA DE PRENSA 15 de mayo 2008

INCOHERENTE POSTURA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN RESPECTO A LA
OBJECIÓN DE CONCIENCIA
A EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA

En Castilla y León no se va a respetar el derecho fundamental a la objeción de conciencia



Soria, 16 de mayo.

El Consejero de Presidencia y Portavoz de la Junta de Castilla y León declaró ayer ante los medios de comunicación que en esta comunidad autónoma no se aceptarán las objeciones de conciencia a la asignatura Educación para la Ciudadanía (EpC).

Con esta actitud intransigente, la Junta de Castilla y León se pone al lado de los gobiernos de comunidades autónomas como Asturias, Andalucía o Castilla la Mancha, gobernadas por el PSOE, comunidades en las que no solamente se está ignorando este derecho constitucional de los padres sino que además se está amenazando a los objetores de esta polémica asignatura.

Sorprenden estas declaraciones cuando los responsables de las Junta han manifestado, en múltiples ocasiones y ante los medios de comunicación, su postura respecto a la imposición de esta asignatura de carácter adoctrinador. Nos parece oportuno recuperar ahora algunas de estas declaraciones:

· El Norte de Castilla de fecha 26 de julio de 2007 recoge unas declaraciones del Consejero de Educación, Juan José Mateos, en las cuales manifestaba que la asignatura “tiene mucha doctrina, por eso su estudio le corresponde decidir a los padres de los alumnos, según consta en la Constitución».
· En el mismo sentido se expresaba el Viceconsejero de Educación, Fernando Sánchez Pascuala, en declaraciones recogidas por El Diario de León de fecha 30 de marzo del 2008. Según recoge dicho diario, el viceconsejero criticó el carácter «ideologizante» de la controvertida asignatura en concreto, y aseguró que muchos de sus contenidos «entran en conflicto con la libertad de muchos de los padres de los escolares», por lo que propuso que tenga carácter optativo para que las familias «puedan decidir, si sus hijos la reciben o no, al igual que se hace en la asignatura de religión».
· El propio Juan Vicente Herrera reconoció en declaraciones hechas a los periodistas, según consta en noticias publicadas por la agencia EFE el 18 de marzo de 2008 que “vamos a cumplir la ley, pero vamos a ser extraordinariamente sensibles con los aspectos que nos están diciendo los padres, en relación a su derecho y a su libertad" sobre la educación de sus hijos. Ante los mismos periodistas declaró, según recoge la agencia EFE en la misma noticia que, a su juicio, las administraciones públicas "deben reconocer" ese derecho (refiriéndose a la objeción de conciencia.)

Ante estas declaraciones, los padres objetores confiábamos en que la Junta respetara nuestro derecho a la objeción de conciencia y esperábamos que regulara de alguna forma su ejercicio frente a esta asignatura, evitándonos así acudir a los tribunales en defensa de nuestros derechos fundamentales.

El portavoz de la Junta, en las declaraciones realizadas hoy ante los medios, ha lanzado una amenaza a los padres objetores, como ya hiciera el Consejero de Educación en su reunión con los representantes de la plataforma SORIA EDUCA EN LIBERTAD el pasado mes de marzo, al indicar que la objeción de conciencia a la asignatura va a suponer el suspenso para los hijos de padres objetores. Ante tales amenazas, desde la plataforma queremos recordar que existen sentencias favorables del TSJA, en las que se recuerda que el derecho a la objeción de conciencia está contemplado en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Dichas sentencias reconocen este derecho y recogen en su fallo que los hijos de los demandantes, quienes interpusieron un recurso contra una resolución de la Junta de Andalucía que rechazaba tales objeciones, no deben cursar la asignatura quedando exentos de ser evaluados de la misma.

Lamentamos la decisión adoptada por la Junta de Castilla y León y anunciamos que, una vez que dicha decisión se haya materializado en un escrito en el que se rechace la objeción presentada por los padres, acudiremos a los tribunales en defensa de nuestros derechos fundamentales.

En los últimos meses, y ante la inminente implantación de EPC, en la comunidad castellanoleonesa se han constituido, al igual que se ha hecho en Soria, plataformas de padres objetores a EpC en León, Salamanca, Valladolid, Palencia, Burgos, Valladolid y Segovia.

A seis meses de la implantación de EpC en Castilla y León, las plataformas tienen constancia de que se han registrado, al menos, 1 744 objeciones. En las últimas semanas, las objeciones se están presentando masivamente. Así, ayer mismo la Plataforma Palencia Educa en Libertad se presentó a los medios de comunicación comunicando que ya habían presentado 80 nuevas objeciones correspondientes a centros concertados y públicos y la plataforma Padres por la Libertad, de Valladolid, presentaba 205 nuevas objeciones de padres que se oponen a que sus hijos reciban EPC.

Por provincias, en Valladolid se han presentado al menos 583 objeciones; en Burgos, 550; en Salamanca, 209; en Soria, 202; en León, 130; en Palencia, 94; en Segovia, 36; en Zamora, 12 y en Ávila 10. Según Leonor Tamayo, coordinadora de la campaña de objeción a EpC de PROFESIONALES POR LA ÉTICA, “estas cifras siempre son menores que las reales ya que muchos padres objetan sin notificarlo a las plataformas y asociaciones promotoras de la objeción”.
Los padres objetores de Castilla y León, al igual que los de toda España, reclamamos nuestro derecho constitucional a la objeción de conciencia, el respeto de dicho derecho por parte de las administraciones, y el cumplimiento pleno del artículo 27.3 de la Constitución Española, que declara el derecho de los padres a educar a sus hijos de acuerdo con sus convicciones morales y filosóficas.

El Consejero de Presidencia ha argumentado que no caben las objeciones a EPC en Castilla y León porque en nuestra comunidad se ha desarrollado un currículum del que se han suprimidos los contenidos ideológicos. Hay que recordar, una vez más, que Castilla y León se enfrenta a un recurso contencioso-administrativo interpuesto por el MEC, debido a que el Ministerio entiende que el desarrollo curricular vulnera aspectos del Real Decreto de enseñanzas mínimas.

La formación moral de nuestros hijos no puede estar en manos del gobierno de turno. No podemos estar a expensas de que los responsables del gobierno, ya sea nacional o autonómico, decidan suprimir o no los contenidos ideológicos de esta materia, porque los gobiernos cambian y la educación debe quedar siempre libre de adoctrinamiento, sea éste del signo que sea. No es solo una cuestión de contenidos sino de LIBERTAD.

La plataforma SORIA EDUCA EN LIBERTAD, envió una carta a Mariano Rajoy, solicitando un criterio único, acorde con los derechos fundamentales, en todos los territorios en los que gobierna el Partido Popular, así como que en las comunidades autónomas en las que gobierna el Partido Popular se respeten escrupulosamente los derechos de los padres objetores, tal como se comprometió a hacer antes de las elecciones. Sabemos que otras asociaciones y plataformas de Castilla y León y del resto de comunidades han dirigido al presidente del Partido Popular cartas en el mismo sentido.

Estamos seguros de que esta postura adoptada por la Junta de Castilla y León no hará más que intensificar el movimiento de los padres en defensa de nuestros derechos, y estamos convencidos de que las objeciones frente a esta asignatura van a multiplicarse.

Se adjunta gráfico con los datos de objeciones en Castilla y León y por Comunidades Autónomas.


PARA MÁS INFORMACIÓN

soriaeducaenlibertad@yahoo.es

617 812 172 Mª Luisa Pérez Toribio

SORIA EDUCA EN LIBERTAD, www.soriaeducaenlibertad.com